No parece razonable justificar el uso masivo de un instituto por su excepción: “los imputados que me vienen a ver no se distinguen de los abogados”.
Nadie que conozca las cárceles podrá decir eso de los detenidos en ellas.
Un imputado del fuero penal económico en libertad, con abogado pago y seguramente bien pago gracias a las actividades que lo llevan a tener la causa no es representativo del sistema penal.
Que el imputado “prefiera no perder tiempo en el juicio”, esto es que este más preocupado por el tiempo a perder, que por el antecedente que le pueda quedar; no sirve como argumento válido para justificar un instituto tan extendido entre población detenida con defensores oficiales agobiados por el número de causas que llevan.
Parece obvio que un detenido en preventiva está más que presionado cuando hace un acuerdo para obtener su libertad, no es libre, su voluntad está viciada; que participe del acuerdo un fiscal lo coacciona más.
En relación al derecho de defensa: así como las garantías del imputado implican el abuso del ejercicio del poder estatal; la posibilidad de defenderse, supone la actividad ofensiva del acusador al que el imputado se enfrenta
La dificultad de igualar armas entre la persecución que lleva a cabo el Estado y la defensa de un particular sólo se equilibra por el grado altísimo de convicción a obtener acerca de la imputación objetiva (in dubio pro reo). El juicio abreviado rompe este delicado equilibrio.
Es en este contexto que no se entiende el acuerdo con el propio acusador, y la posición de simple escribano del juez que pasa de ser un tercero neutral a quien simplemente avala el acuerdo del fiscal natural. Pasamos del pinche natural que toma la indagatoria al fiscal natural que decide la pena y al juez natural que hace de escribano.
La Corte ha dicho muchas cosas opinables, baste recordar la acordada del año 30. Decir que con acusación, defensa, prueba y sentencia se cumple con la exigencia del juicio previo que exige la constitución es más que discutible; la interpretación del texto constitucional debe ser dinámica, los pactos de derechos humanos agregaron la exigencia de un doble conforme. En ese contexto no se puede sostener que el juicio abreviado cumpla con el requisito de juicio previo.
Que nuestra constitución tenga como fuente la de los Estados Unidos a) sólo quiere decir que la tuvo en su texto original, respecto a “los padres fundadores” pero no respecto a rectificaciones posteriores (enmiendas) que aceptan al juicio por jurados como una opción b) no implica que debamos entender que lo que ocurre en Estados Unidos es un modelo a seguir, baste con recordar lo que ocurre en Abu Ghraib, al oeste de Bagdad.
Una de las razones históricas que explican las facultades de las partes en el enjuiciamiento penal estadounidense ha sido, que el fiscal estadounidense heredó el procedimiento de partes en el que la acusación dependía de los particulares, ese no ha sido nuestro caso.
Bruzzone mezcla el juicio por jurados con el abreviado. La hipótesis parece ser: no todos pueden ser juzgados por jurados- no es así en EE.UU- el resto lo solucionamos con el abreviado.
Que el imputado “prefiera no perder tiempo en el juicio”, esto es que este más preocupado por el tiempo a perder, que por el antecedente que le pueda quedar; no sirve como argumento válido para justificar un instituto tan extendido entre población detenida con defensores oficiales agobiados por el número de causas que llevan.
Parece obvio que un detenido en preventiva está más que presionado cuando hace un acuerdo para obtener su libertad, no es libre, su voluntad está viciada; que participe del acuerdo un fiscal lo coacciona más.
En relación al derecho de defensa: así como las garantías del imputado implican el abuso del ejercicio del poder estatal; la posibilidad de defenderse, supone la actividad ofensiva del acusador al que el imputado se enfrenta
La dificultad de igualar armas entre la persecución que lleva a cabo el Estado y la defensa de un particular sólo se equilibra por el grado altísimo de convicción a obtener acerca de la imputación objetiva (in dubio pro reo). El juicio abreviado rompe este delicado equilibrio.
Es en este contexto que no se entiende el acuerdo con el propio acusador, y la posición de simple escribano del juez que pasa de ser un tercero neutral a quien simplemente avala el acuerdo del fiscal natural. Pasamos del pinche natural que toma la indagatoria al fiscal natural que decide la pena y al juez natural que hace de escribano.
La Corte ha dicho muchas cosas opinables, baste recordar la acordada del año 30. Decir que con acusación, defensa, prueba y sentencia se cumple con la exigencia del juicio previo que exige la constitución es más que discutible; la interpretación del texto constitucional debe ser dinámica, los pactos de derechos humanos agregaron la exigencia de un doble conforme. En ese contexto no se puede sostener que el juicio abreviado cumpla con el requisito de juicio previo.
Que nuestra constitución tenga como fuente la de los Estados Unidos a) sólo quiere decir que la tuvo en su texto original, respecto a “los padres fundadores” pero no respecto a rectificaciones posteriores (enmiendas) que aceptan al juicio por jurados como una opción b) no implica que debamos entender que lo que ocurre en Estados Unidos es un modelo a seguir, baste con recordar lo que ocurre en Abu Ghraib, al oeste de Bagdad.
Una de las razones históricas que explican las facultades de las partes en el enjuiciamiento penal estadounidense ha sido, que el fiscal estadounidense heredó el procedimiento de partes en el que la acusación dependía de los particulares, ese no ha sido nuestro caso.
Bruzzone mezcla el juicio por jurados con el abreviado. La hipótesis parece ser: no todos pueden ser juzgados por jurados- no es así en EE.UU- el resto lo solucionamos con el abreviado.
Por ahora no tenemos juicio por jurados pero mientras tanto vamos descomprimiendo a costa de las garantías de los detenidos con preventiva; si todos los casos no se pueden resolver con jurados que se resuelvan con tribunal técnico pero no por abreviado.
Se quebranta la igualdad ante la ley, ya que ante el mismo grado de culpabilidad hay diferente pena por elementos absolutamente ajenos al contenido del injusto
También vulnera el principio de publicidad de los actos procesales; es premisa esencial del estado de derecho que la actividad represiva policial y judicial no puede ser secreta ni reservada.
El principio de superioridad ética del Estado nos dice que aunque no siempre sea ético siempre importa una aspiración de eticidad.
Nuria Pedregal
Se quebranta la igualdad ante la ley, ya que ante el mismo grado de culpabilidad hay diferente pena por elementos absolutamente ajenos al contenido del injusto
También vulnera el principio de publicidad de los actos procesales; es premisa esencial del estado de derecho que la actividad represiva policial y judicial no puede ser secreta ni reservada.
El principio de superioridad ética del Estado nos dice que aunque no siempre sea ético siempre importa una aspiración de eticidad.
Nuria Pedregal
1 comentario:
Muy bueno, Nuria, cortito, indignado y feliz.
AB
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