Garantías del derecho penal y procesal penal

2009-07-18T06:28:00.000-07:00

¡Una más, y no jodemos más!

A pedido de los Sospechosos de siempre, este enlace a su último videoclip.

Pero aquí parece no termina, y nos tienen preparada una sorpresa final...

Última entrada

2009-07-16T21:00:00.000-07:00

Final, final...

La gripe porcina ha hatacado este blog. Normalmente, damos de baja los blogs de los cursos una vez que estos han finalizado. En este caso, lo dejaremos abierto a la mirada de todos los lectores que se acerquen a él, porque creemos que vale la pena mantenerlo.

No sólo servirá como testimono de el trabajo de todos ustedes, sino que también será utilizado como herramienta pedagógica de otros cursos.

Como se darán cuenta, la cuanta alumnos ha perdido su privilegio como autora del blog, así que si lo desean pueden esccribir comentarios como anónimos, detallando sus nomres y apellidos.

Ya nos veremos aquí y allá, y saben que este grupo de abogados que damos clases quedamos a su disposición, porque seguimos siendo docentes.

Repetimos nuestras felicitaciones, satisfacción y agradecimiento.

Nos veremos pronto, esperamos. Reciban todos Uds. un gran abrazo. AB

FOTOS DE LA REUNIÓN

2009-07-04T17:52:00.001-07:00

Amigas/os y compañeras/os

Tengo las fotos de la reunión y de la continuación de la celebración puertas afuera de la casa del AQDC. No las posteo por obvias razones... Nooo, mentira. Son muchas y no quiero llenar esto de fotos.

Para quien las quiera, mi correo es diegocorteggiano@hotmail.com

Saludos, abrazos, medalla y besos

Diego

FINAL Y DESPEDIDA

2009-07-04T06:27:00.000-07:00

Estimados amigos:

Ayer terminó el Curso de "Garantías". Después de haberlos hechos sufrir con la cantidad de material de estudio durante 4 meses, con todos los defectos y con todos mi errores, creo que podemos decir que el cursoo llegóa a buen puerto —y no me refiero al logo de los libros—.

En primer término, agradezco especialmente las sugerencias y crítticas señaladas en el cuestionario anónimo, y les pedimos disculpas por muchas de ellas. Tales negligencias fueron exclusiva responsabilidad del profesor a cargo del curso.

La experiencia de este blog, especialmente el trabajo de ustedes en él, lo constituyó en un lugar de construcción colectiva de reflxión y conocimiento, y por nuestra parte aprendimos muchísimo. Todos nosotros hemos quedado absolutamente asombrados por sus valiosísimas reflexiones y aportes que, sin formalismos inútiles, y con humor irreverente, nos hicieron reflexionar sobre cuestiones que iban más allá de lo requerido.

De nuevo, para nosotros fue un gran placer trabajar con Uds. y les agradecemos enormemente .

Ha sido un honor compatir la experiencia educativa con ustedes, de alli la necesidad de realizar la reunión académica de anoche y el acto formal de entrega de los Premios Petisos Orejudos.

Gracias nuevamente y felicitaciones a todas y a todos

La Gerencia

AULA 55

2009-07-03T06:21:00.000-07:00

El examen final del día de la fecha se llevará a cabo en el horario fijado EN EL AULA 55.

Simplemente gracias!!

2009-07-03T05:54:00.001-07:00

Felicitaciones Florencia y gracias a Alberto y compañía!!

Diego, Nico y Alan
"Los sospechosos de siempre"

Y ahora sí...

2009-07-03T01:42:00.001-07:00

¿QUIÉN SE LLEVA EL ORO?

Las cosas no salieron como esperaban

Chan... cha...chan

An the winners are...

Ha habido un maravilloso empate

La ganadora del PETISO OREJUDO DE ORO es

¡¡¡Florencia Jerez!!!

Por su maravillosa entrada "Los 8 mandamientos"

y la acompañan...

Ya sabemos quién,
los sospechosos de siempre,
esos tres delincuentes

Alan Swanston, Nicolás Da Cunha y Diego Corteggiano

por el magnífico video.

Felicitaciones a los cuatro.

Sr. solicitamos permiso,Sr!

2009-07-02T21:38:00.000-07:00

Alberto, necesitamos de tu venia para poder tomarnos un descanso de al menos 3 horitas.

Como apreciarás, nuestro estado es calamitoso. Y por si fuera poco, esta ansiada y a la vez torturante espera por el Orejudo de Oro...

A la espera de al menos unas palabras de aliento... o la firme promesa de que hoy por la noche no habrá empanadas de acelga y queso, te mandamos un cordial abrazo.

Los vándalos del video (...y martita)

AND THE WINNERS ARE...

2009-07-02T20:18:00.000-07:00

LOS PREsssMIADOS

PETISO OREJUDO EN LA CATEGORÍA REALISMO MÁGICO

Para María Laura Accetta, María Celia Ceci y Lisandro De la Torre.

Cuando la realidad supera la ficción

PETISO OREJUDO EN LA CATEGORÍA HISTORIA Y LUCHADORES DE SUMO

Alex F. Orellana Isasmendi

¿Quién está del otro lado?

PETISO OREJUDO EN LA CATEGORÍA CRÍTICA SUTIL

María Sol Piñeiro, Ana Clara Piechestein y Nuria Saba Sardañons

Lo declaro inimputable

PETISO OREJUDO EN LA CATEGORÍA LIGA ARGENTINA CONTRA EL FUERO PENAL ECONÓMICO

Nuria Pedregal

Con algunas claras

PETISO OREJUDO EN LA CATEGORÍA JUEZ NATURAL

Damián Araya, Joaquín Freije y Facundo Maccarone

Juicio... ¿qué?

PETISO OREJUDO EN LA CATEGORÍA DE ANÁLISIS ESQUIZOFRÉNICO

Leopoldo Murúa

Juicio abreviado

PETISO OREJUDO EN LA CATEGORÍA LIBERTAD DE ELECCIÓN

Karina Innamorata, Carla Sciarotta y Yamila Gómez

Por una justicia más rápida

PETISO OREJUDO EN LA CATEGORÍA DIBUJOS ANIMADOS

Meliza Sánchez y Leticia López

Un mundo ideal

PETISO OREJUDO EN LA CATEGORÍA PRENSA AMARILLA

Jimena Pérez, Romanela Callegaro y María de la Paz Vergara

Crónica de una muerte anunciada

Vamos a un corte comercial y anunciamos los ganadores y ganadoras del Petiso Orejudo de Orooooooo

And the Winner is...

2009-07-02T17:32:00.000-07:00

LOS RESULTADOS DEL CONCURSO DE POSTS

La Comisión ha decidido cambiar el criterio para premiar las mejores entradas del concurso, referidas a la clase debate que dimos con Bruzzone. Así, hemos decidido entregar nueve premios "PETISO OREJUDO" a las mejores entradas en nueve categorías:

1. PETISO OREJUDO EN LA CATEGORÍA HISTORIA Y LUCHADORES

2. PETISO OREJUDO EN LA CATEGORÍA CRÍTICA SUTIL

3. PETISO OREJUDO EN LA CATEGORÍA LIGA ARGENTINA CONTRA EL FUERO PENAL ECONÓMICO

4. PETISO OREJUDO EN LA CATEGORÍA JUEZ NATURAL

5. PETISO OREJUDO EN LA CATEGORÍA DE ANÁLISIS ESQUIZOFRÉNICO

6. PETISO OREJUDO EN LA CATEGORÍA LIBERTAD DE ELECCIÓN

7. PETISO OREJUDO EN LA CATEGORÍA DIBUJOS ANIMADOS

8. PETISO OREJUDO EN LA CATEGORÍA PRENSA AMARILLA

9. PETISO OREJUDO EN LA CATEGORÍA REALISMO MÁGICO

Estas categorías recibirán premios simbólicos, pero premios al fin. Los premios prometidos originalmente se entregarán a las o los estudiantes que se hagan acreedores al gran premio mayor:

El Petiso Orejudo de Oro 2009

SE HACE, SE HACE Y SE HACE

2009-07-02T11:59:00.000-07:00

¿ESTÁ CLARO?

ÉSTE ES EL ÚNICO LLAMADO

MAÑANA VIERNES SE HACE EL EXAMEN

2009-07-02T10:39:00.000-07:00

TODO SEGÚN LO PLANEADO

SÍ ESTEBAN, SE HACE EL EXAMEN FINAL (NO PARCIAL), ES LO QUE ME ACABAN DE INFORMAR EN EL DEPARTAMENTO. SI HAY NOVEDADES LAS INFORMO EN EL BLOG INMEDIATAMENTE, PERO NO PIERDAN TIEMPO Y ESTUDIEN.

TAMBIÉN LA ENTREGA DE LOS PREMIOS
Y LA REUNIÓN POSTERIOR AL FINAL
LLEVAR BARBIJO
(ESTO ÚLTIMO ES EN BROMA)

Procesos históricos

2009-06-27T18:17:00.000-07:00

Bovino, acá te paso el nombre de un libro de Alexander Demandt que, entre otros, tiene análisis de los juicios seguidos contra Sócrates, Los Templarios (por Kaspar ELM), Galileo Galilei (por Hans WERNER SCHUTT) y el proceso por herejía contra Juan Hus (por GRAUS, Frantisek). Son los que yo leí, tengo copias de esos cuatro capítulos cualquier cosa...espero te sirva:

DEMANDT, Alexander (ed), Los grandes procesos. Derecho y poder en la historia, Ed. Crítica, Barcelona, 1993.

Salutti,

Ana Clara P.

PD: admito mi extremo delay en el posteo...sé que este tema de los procesos lo tiraste hace mil años, pero más vale tarde que nunca! Ah, y no está ni en la Biblio de la Facu ni en la de la CSJN.

TARDÍO COMENTARIO AL DEBATE SOBRE JUICIO ABREVIADO

2009-06-27T07:04:00.000-07:00

Algo que me había quedado dando vueltas luego de presenciar el debate, y que ahora tengo excusa para reflotar...
Me parece que las discusiones en torno a la institución y aplicación del juicio abreviado suelen soslayar los modelos de los que se toman los argumentos. Por un lado, planteos desde la óptica de la disponibilidad del juicio, de la posibilidad de negociar y consensuar de las partes, están enmarcados dentro de un modelo de raigambre anglosajona, en el cual predomina el carácter privado de la acción. Por su parte, las alusiones a la indisponibilidad de ciertos institutos guardan relación más próxima con los modelos continentales europeos, con un acción mayormente pública, donde prevalece el principio de oficialidad de la persecución penal, y en el cual el poder de perseguir no se encuentra monopolizado por el Ministerio público fiscal, sino que puede hallarse también en cabeza de los magistrados judiciales.
Es así que podemos decir que en una y otra toma de posición, se hallan asimismo en juego los principios de oportunidad y de legalidad procesal, dado que se discute la posibilidad de admitir un acuerdo o transacción con el imputado por parte del órgano de persecución penal. Habilitar o no el ingreso de la autonomía de la voluntad particular, implica la prevalencia de un criterio por sobre el otro.
Si entendemos como "acción" aquello que denota a grosso modo la actividad de las partes [Anitua, I. y Borinsky M. "Principios de legalidad y oportunidad en los sistemas penales europeos" en Hendler, E. (comp.) Sistemas procesales penales comparados,Bs. As., Ad-Hoc, p.446]
y concebimos al imputado como parte del proceso, entonces es dable sostener si se invoca la necesidad de participación de la víctima en el aquel [Bovino, A., "La participaciónd e la víctima en el proceso penal" en Problemas de derecho procesal penal contemporáneo, Bs. As. edit. del Puerto, 1999] por qué no sería posible propiciar la del imputado, más aún teniendo en cuenta que las consecuencias penales las va a sufrir él. Es decir, proponer la "privatización" de la acción penal puede dar lugar asimismo a que ceda el principio de legalidad en relación al imputado, quien puede solicitar la clausura de la persecución penal en su contra mediante la aceptación de la culpabilidad respecto del hecho indicado y el acuerdo en torno a la pena a serle impuesta.
Con esto pretendemos ilustrar que si se cree que la cárcel no cumple otra función que la de "depósito" lo que debe pretenderse mediante el juicio es que el condenado permanezca en menor tiempo posible en ese lugar, es dedir, debe procurarse la reducción al mínimo de las penas carcelarias. Y en este sentido, el juicio abreviado podría presentar la ventaja de que el imputado negocie con el fiscal un máximo de pena, evitándose así la exposición pública y el etiquetamiento formal de aquellos actores más frecuentemente seleccionados por el sistema penal, y dejar el juicio -entendido ahora como comprensivo de la totalidad del proceso penal, pero especialmente del debate oral- para aquellos que por su condición socio-económica son los menos criminalizados desde el poder punitivo estatal.

Ana Clara.-

Debate Bovino-Bruzzone sobre Juicio Abrevaido (The Movie)

2009-06-26T13:08:00.000-07:00

Finalmente, casi un mes después pero, lo que es más importante, antes del final del cuatrimestre, cumplimos con lo prometido.

Pueden ver el debate ACÁ y ACÁ

Horarios del examen final (definitivos)

2009-06-26T12:55:00.000-07:00

A continuación, los horarios en que cada uno de ustedes se ha anotado para rendir el examen final del próximo viernes.

12 a 13 Horas:

Nuria Pedregal
Natalia Antezana
Augusto Abel Latape Gertner
Diana Zarzewski
Nicolas Faes

13 a 14 Horas:

Florencia Panigo
Ana Laura Miñoz
Deborah Mimare
Viviana Serena
Nicolás Da Cunha
Diego Corteggiano
Alan Swanston

14 a 15 Horas:

Joaquín Freise
Ana Clara Piechestein
Romina Jazmín Rodriguez
Nuria Saba Sardañons
Sol Piñeiro
Esteban Benchisley
Sofía Benavidez

15 a 16 Horas:

Carla Siarrotta
Karina Innamorato
Sabrina Victorero
María de la Paz Vergara
Anahí Rodriguez
José Sylvie

16 a 17 Horas:

Facundo Miño
Giselle Maestrojuan
Melisa Sanchez
Leticia Lopez
Agustín Cavana
Esteban Venditti

17 a 18 Horas:

Florencia Gerez
Alejandra Langella
Alex Orellana
María Julia Marzana
Callegaro Romanella
Jimena Perez

18 a 19 Horas:

Damián Gustavo Araya
Facundo Daniel Macccarone
María Celia Ceci
María Belén Díaz
Mariano Zito
Alejandro Dvizstein

19 a 20 Horas:

María Laura Accetta
Lisandro De La Torre
Leopoldo Murua
Carlos Cerezoli
Jorge Pellegrini
Yamila Gomez

ESTUDIEN. SUERTE...

Horarios del examen final

2009-06-24T14:26:00.000-07:00

Se recuerda que el próximo jueves deben definirse los horarios en que cada uno rendirá el examen final. Más de 5 personas sólo serán admitidas en las primeras franjas horarias, de modo que los que están anotados en las horas mas congestionadas (16/17 y 17/18 Hs.) vayan pensando cómo hacer para elegir un horario mas temprano.

Los que no asistieron el lunes, y que por lo tanto no cuentan con un horario asignado también vayan pensando en cuál se anotarán (rigen obviamente las mismas indicaciones).

La siguiente es la lista provisoria que se elaboró la última clase, y que es necesario re-ordenar (perdón si algún nombre está mal escrito):

12 a 13
NURIA PEDREGAL
NATALIA ANTEZANA
AUGUSTO ABEL LATAPE
DIANA ZAKRZEWSKI

13 a 14
FLORENCIA PANIGO
ANA LAURA MIÑOZ
NICOLAS DA CUNHA
DIEGO CORTEGGIANO
ALAN SWANSTON

14 a 15
JOAQUIN FREIRE
ANA CLARA PIECHESTEIN
ROMINA JAZMIN RODRIGUEZ
NURIA SABA SARDAÑONS
SOL PIÑEIRO

15 a 16
CARLA SCIARROTTA
KARINA INNAMORATO
SABRUBA VICTORERO
MA DE LA PAZ VERGARA
ANAHI RODRIGUEZ

16 a 17
CARLOS ALBERTO CEREZOLI
FACUNDO MIÑO
JOSE ERNESTO SYLVIE
JORGE ANIBAL PELLEGRINI
GISELLE MAESTRO JUAN
MELISA SANCHEZ
LETICIA LOPEZ
AGUSTIN CAVANA
MA CECILIA CECI
ESTEBAN VENDITTI

17 a 18
LEOPOLDO MURUA
FLORENCIA GEREZ
ALEJANDRA LANGELLA
ALEX ORELLANA
MA JULIA MARZANA
CALLEGARO ROMANELLA
JIMENA PEREZ

18 a 19
DAMIAN GUSTAVO ARAYA
FACUNDO DANIEL MACCARONE

19 a 20
MA LAURA ACCETTA
LISANDRO DE LA TORRE

¡A ponerse las pilas!

2009-06-22T10:00:00.000-07:00

Al grupo de estudiantes

Como les dije el primer día, nos sentiríamos muy felices si todos los integrantes del curso aprobaran el final con una excelente nota. Desde ya les reitero que no es nuestra intención desaprobar a nadie. Lamentablemente, no siempre es posible.

Esta entrada tiene dos propósitos. En primer lugar, agradecerles especialmente la buena onda, el ingenio, la energía que le pusieron al curso y todo lo que nos permitieron aprender con ustedes. Este blog es la mejor muestra de cómo es posible construir conocimientos colectivamente. Estaremos eternamente agradecidos por ello.

Ahora queda la evaluación final. No es lo que más nos gusta, pero hasta ahora es la única manera que tenemos para verificar que han comprendido los contenidos mínimos de la materia, requisito indispensable para aprobar el curso. Recuerden que el material impreso y audiovisual es muchísimo; no es necesario que lo memoricen sino que lo comprendan. Y nos tomamos el trabajo de verificar estos conocimientos en serio, así que les recomendamos especialmente que estudien, y si se pueden reunir a estudiar en grupo, mucho mejor.

En la evaluación final podrán consultar todo el material que tengan a mano, y haremos todo lo que esté en nuestras manos para que se sientan tranquilos y puedan dar el mejor examen posible.

Más allá de ello, los felicito a todos y cada uno de ustedes por su desempeño en lo que va del curso. Ello me da la seguridad de que tal desempeño será igual o mejor en la evaluación final.

Saludos,

AB

PS: Después del examen, están todos invitados a comer unas empanadas a mi casa.

Bierce y La Fontaine

2009-06-19T12:34:00.000-07:00

Lo que sigue son pequeñas transcripciones de parte de dos obras literarias que hace tiempo las transcribí en el foro de Pensamiento Penal.
Ambrose Bierce, autor del libro Diccionario del Diablo, traducido aquí por Rodolfo Walsh, fue un escritor estadounidense considerado como uno de los más irónicos de todo los tiempos. En esta obra se dedica a definir muchas palabras del habla común y de diversas materias, cargándolas de hiperironía. La moral y la política, por supuesto, es blanco muchas veces de su acidez. Acá fue la palabra EJECUTIVO, una de las varias que tiene y al que agrega un pequeño cuento de su invención.

"EJECUTIVO: s. Rama del gobierno que hace cumplir los deseos del legislativo hasta que el poder judicial los declara nulos y sin efecto. Damos a continuación un extracto de un viejo libro titulado "El Selenita Perplejo":
Selenita. - Entonces, cuando vuestro Congreso ha aprobado una ley, ¿va inmediatamente a la Suprema Corte para que resuelva si es constitucional?
Terráqueo. - ¡Oh no! la ley no necesita la aprobación de la Suprema Corte. A veces pasan años antes de que un abogado la objete en nombre de su cliente. Si el presidente la aprueba, entra en vigor en el acto.
Selenita. - Ah, el poder ejecutivo es parte del legislativo. ¿Y la policía también debe aprobar los edictos que hace cumplir?
Terráqueo.- Todavía no... En términos generales, sin embargo, todas las leyes exigen la aprobación de aquellos a quienes se proponen reprimir.
Selenita. - Ya veo. La sentencia de muerte no es válida hasta que no la firma el asesino. Terráqueo. - Amigo mío, usted exagera. No somos tan coherentes.
Selenita. - Pero este sistema de mantener una costosa maquinaria judicial que sólo se pronuncia sobre la validez de las leyes mucho después de que han empezado a ejecutarse, y sólo en el caso de que un ciudadano particular las someta a la Corte, ¿no provoca una gran confusión? Terráqueo. - Así es, en efecto.
Selenita. - ¿ Por qué entonces no hacer convalidar las leyes por la Suprema Corte, antes que por el presidente?
Terráqueo. - Porque ese sistema no tiene precedente.
Selenita. - Qué es un precedente?
Terráqueo. - Algo que ha sido definido por trescientos juristas a razón de tres volúmenes cada uno. ¿ Cómo podríamos saberlo?"

Seguidamente va la fábula de La Fontaine "Los zánganos y las abejas". Tengamos en cuenta que la escribió entre 1668 y 1694. Tenemos la descripción de un proceso, producción de prueba y también morosidad judicial, más allá de que la moraleja al inicio, se orienta en otro sentido.
POR LA OBRA SE CONOCE AL ARTESANO
Sin dueño unos panales se encontraban,
Y con derecho vano Zánganos sin pudor los reclamaban
A tales pretensiones se opusieron Las Abejas, y al punto
A una avispa en letras acudieron
Pidiéndole fallar en el asunto.
Esto no era tan fácil, pues decían
Los testigos jurados que se oyeron,
Que en torno de esas fábricas habían
Visto girar alados animales,
Oscuros de color, largos, zumbones;
Las señas eran tales
Que a Zánganos y Abejas convenían.
No hallando qué decir a estas razones,
Hacer mandó la Avispa con esmero
Nuevas informaciones,
Y la declaración de un hormiguero
Escuchó en el asunto,
Pero no pudo decidir al punto.
-¿A qué bueno todo eso?- Dijo entonces
Abeja muy prudente-.
Hace más de seis meses que el proceso,
Señora, está pendiente,
Y no avanzamos más que el primer día.
La miel se agria entre tanto, y a fe mía
Ya es tiempo de que el juez dé su sentencia,
Sin otra moratoria. ¿A qué fárrago tanto, y tanta audiencia,
Tanta interlocutoria?
¿No ha estudiado ya bien el expediente?
Decrete incontinente,
Sin misterios ni más contestaciones,
Que los Zánganos vengan y fundadas
Prueben que son sus necias pretensiones
Trabajando a la par de mis brigadas;
Entonces se verá quién hacer sabe
Con zumo tan süave
Celdas más acabadas-.
Los Zánganos el medio no aceptaron;
Así manifestaron
Qué era la empresa superior a su arte,
Y a la contraria parte
Los panales de miel se adjudicaron.
Ojalá se arreglaran de tal modo
Todos los pleitos en el mundo todo.
De los moros conforme a la costumbre
El simple buen sentido equivaldría
Al Código, y sin duda no se haría
De gastos tan inmensa muchedumbre.
Mientras que nos destrozan
Y nos devoran hoy y pulverizan
Con tanta lentitud y tantas artes,
Y las más de las veces
Los ostiones les tocan a los jueces,
Y nada más las conchas a las partes

2009-06-17T18:16:00.000-07:00

El fruto del árbol envenenado o prohibido “El fruto del árbol prohibido”: podemos establecer a modo de definición que es la ineficacia probatoria de los actos vulneratorios de garantías constitucionales que se extiende a aquellas pruebas derivadas de aquel. “El método que se aplica es la superación mental hipotética se suprime al acto viciado y se verifica hipotéticamente si, sin èl, racionalemnete se hubiera arribado al acto regular y al conocimiento definitivamente adquirido de modo mediato. Si suprimida la irregularidad, es razonable pensar que, de haberse obrado correctamente, se hubiera arribado también al conocimiento que se cuestiona, el elemento de prueba obtenido se puede valorar, incluso en disfavor del titular de la garantía” (Maier). El elemento de prueba obtenido ilegítimamente no tiene valor en una decisión judicial, salvo que beneficie al titular de la garantía. Habiendo aclarado un poco los conceptos, nosotras elegimos el tema de inviolabilidad del domicilio. Es decir que en los casos en que se produzca un allanamiento ilegitimo (por ej allanamientos de noche, si justificación mediante, allanamientos sin orden judicial, etc.). En estos casos no puede aceptarse la prueba como valida, cuando la misma proviene de un acto ilegitimo y vulnerador de las garantias constitucionales. Se supone que lo que busca el Estado es “hacer justicia” y sobre la base de una ilegalidad es bastante complicado…. Por eso si la prueba se obtiene por medios ilegítimos cae todo el procedimiento, porque no se puede sostener un proceso basado en la ilegalidad..

“El valor ‘justicia’ se ve seriamente resentido si quienes deben velar porque las leyes sean cumplidas son los primeros en violarlas y quienes tienen como función aplicar o interpretar la ley basan su juicio de reproche penal en la prueba obtenida mediante la comisión de otro delito” Alejandro Carrio

Este tema de los Redondos para nosotras tiene que ver con la impunidad de la policía, y por lo tantos también con el Estado que de alguna manera solventa y alimenta esto (“Te encantara un Robocop sin ley un crono-rock japolicia hecho en Detroit”) .. y como nos gustan los Redondos nos parecio oportuno compartirlo con ustedes. Quizás tengan otra interpretación de esta canción, lo cual es totalmente valido…

Fusilados por la cruz roja

Hay mucho misterio en tus ojos
y hay mucha chispa aun en tu cerebro loco
pero estas hundido en tu propia herida
Hay muchas formas de pelear el gato y ay!
puede fusilarte hasta la cruz roja
en esta vieja cultura frita!
vas apartando a golpes tus dolores
así vas a ser el mas premiado
de la morgue porque
estas hundido en tu propia herida!

Te encantara un Robocop sin ley
un crono-rock japolicia hecho en Detroit
La gente decente es diferente pero tu belleza empieza
a abrirse paso en esta vieja cultura frita!
Te encantara un Robocop sin ley
un crono-rock japolicia hecho en Detroit

A modo de ejemplo, adjuntamos una noticia del 11-05-09 (clarín) donde se plantea un caso que hace referencia al tema El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata decretó la nulidad de 23 allanamientos por narcotráfico que fueron realizados el 14 de marzo de 2008 en viviendas de Mar del Plata, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Tres de Febrero. Durante esos operativos, fuerzas de la Policía Federal habían detenido a cinco personas implicadas en una red de distribución y venta de drogas, al tiempo que incautaron entre 700 y 800 gramos de cocaína. Tras el fallo del Tribunal, los implicados quedaron en libertad y exentos de toda imputación, ya que la nulidad de los allanamientos -pieza clave e inicial de la causa- significa también la anulación de las siguientes piezas procesales. La ley establece que los allanamientos domiciliarios no pueden realizarse "entre las siete de la noche y las siete de la mañana", salvo excepciones que deben ser fundamentadas por el juez que ordena los procedimientos. En este caso, un juez de primera instancia ordenó allanar 23 viviendas a partir de las "00 horas del 14 de marzo de 2004", pero no especificó los motivos, según surge del fallo del Tribunal Oral Federal. El abogado defensor , según surge del fallo, pidió la nulidad de los registros domiciliarios "toda vez que los mismos han sido ordenados para que se practiquen en horario inhábil, sin fundar dicha excepción". El abogado planteó que no surgió "a lo largo de la actividad policial previa, practicada siempre en horario diurno, necesidad alguna de solicitar la ejecución nocturna de las órdenes de allanamientos", así como tampoco hubo requerimiento del fiscal que intervino en el caso para que los procedimientos fueran realizados en ese horario. Por su parte, el fiscal Pettigiani pidió que se concrete la nulidad de los allanamientos "y de los secuestros que fueron su consecuencia". Asimismo, al entender que las imputaciones contra los acusados dependen exclusivamente de esos elementos, pidió su sobreseimiento. Es clara la norma constitucional de la inviolabilidad de domicilio, quedando establecido además que cuando "el registro se efectúe en lugar habitado o sus dependencias, deberá practicarse en horas del día, precisando las excepciones: consentimiento del imputado o que peligre el orden público en casos sumamente graves y urgentes". El fiscal ratificó que las ordenes de allanamiento de morada debe ser motivadas y "con mayor exigencia al autorizar la excepción horaria, lo que no se verifica en autos, por lo que se expide requiriendo la nulidad". Por su parte, los jueces Roberto Falcone, Néstor Parra y Mario Portela, observaron que el juez de primera instancia dispuso los 23 allanamientos " habilitando para ello hora inhábil y disponiendo que su diligenciamiento tenga lugar a partir de las 00.00 hs del día 14 de marzo de 2008". "Surge también de la lectura del mencionado auto, que no ha expresado el motivo o fundamento para disponerlos en ese horario excepcional", añaden los jueces. "A ello debe señalarse que la totalidad de los ingresos a las fincas requisadas, tuvieron lugar entre las 05.00 y 06.10 horas de la madrugada", indica otro párrafo de la resolución. En este caso se inobservó la ley "que prohíbe la ejecución de la orden de allanamiento en horario nocturno a excepción de que el interesado preste su consentimiento o en casos sumamente graves y urgentes, o cuando peligre el orden público". Tal prohibición -añade el fallo- "se ha dispuesto a favor de la tranquilidad doméstica…esos lugares no son requisables entre las siete de la noche y las siete de la mañana, salvo orden escrita en los casos urgentes... medida así la tregua pierde la reminiscencias aldeanas, en cuanto dependía del ciclo noche día", ello en referencia al código anterior al de 1988 que prohibía penetrar al domicilio "después de una hora de la puesta del sol, y mientras faltara una hora para la salida del sol". Los imputados -cuatro hombres que permanecían detenidos y una mujer que cumplía arresto domiciliario- recuperaron la libertad de acuerdo a lo dispuesto por el Tribunal. Giselle Maestrojuan Meliza Sanchez Leticia Lopez

otra opcion, perdon por postear pero me parecio valedera,,,

2009-06-17T12:46:00.000-07:00

www.youtube.com/watch?v=xsYmjO2Wrvg

ACÁ ESTÁ!!!!!!!

2009-06-15T11:20:00.000-07:00

Se llamaba "Strictly Ballroom"

¡Gracias, Sol! Y ahora se ponen a estudiar.

HÁGASE LUGAR A LO PETICIONADO POR SOL

2009-06-15T09:17:00.000-07:00

Bien por Sol

Una de las dos.

Y por favor cortemos con esto, por supuesto que era una broma pero se está (lo estoy) tornando sexista. Mis disculpas si cualquiera de ustedes se sintió ofendida.

HÁGASE LUGAR A LO PETICIONADO POR EL MCCC

2009-06-15T05:52:00.000-07:00

///nos Aires, 15 de junio de 2009

Que habiendo leído atentamente los argumentos del MCCC, hágase lugar a lo peticionado en el libelo de su represemtante legal.

Se dejará de lado la coreografía de Chayanne, que será reemplazada por la siguiente:

Notifíquese, archívese, regístrese, apiólese al principal y desinsacúlese.

PARA EL FINAL

2009-06-13T03:49:00.000-07:00

El que no baila esta coreografía en el final será desaprobado

PARA VER

2009-06-12T02:00:00.000-07:00

Juicios históricos

Antes del final, ver este video, en el blog "Siembra el pensamiento", que descubrí gracias al amigo Guillermo Nícora aquí.

Un premio adicional en papel impreso para quien recomiende información digerible sobre juicios históricos (esto de sobornarlos me va a salir carísimo).

"Digerible" significa en castellano y agradable de leer o de ver, es decir que no sea super densa.

Saludos,

Ab

La shock probation: discutible, pero al menos nos sinceramos con la cárcel.

2009-06-08T09:36:00.000-07:00

Este programa existe en algunos estados de EEUU, como Texas, y básicamente consiste en que un condenado a 10 años de prisión – por ejemplo- pase un período de entre 90 días y 6 meses en la cárcel, luego del cual el juez evalúa si dicha experiencia le significó un “shock” tal que le permita suponer que no volverá a delinquir.

Polémico. Sobre todo porque el sistema asume que la cárcel no es un lugar para rehabilitar a los delincuentes sino un agujero infernal que los vuelve más criminales inclusive. A esa conclusión ya habían llegado Rusche y Kirchheimer en su libro “Punishment and Social Structure” cuya conclusión puede resumirse de la siguiente manera: nunca las condiciones en las cárceles pueden ser mejores a las de clases más bajas que están en libertad, de lo contrario, la amenaza de prisión, lejos de ser disuasiva, sería persuasiva.
Un poco más de información acá y acá.

Por Esteban Bendersky, Agustín Cavana y Sabrina Victorero.

¿Ne bis in idem?

2009-06-07T19:56:00.000-07:00

“¿Cómo enfrentar el mal? ¿Cómo enfrentar las violaciones masivas de derechos humanos? ¿Cómo hacerlo cuando son cometidas desde el Estado o por quienes cuentan con el consentimiento y la tolerancia de sus gobiernos?”

NINO, Carlos, “Juicio al mal absoluto. Los fundamentos y la historia del juicio a las juntas del Proceso” (1996).

En el marco del controvertido precedente “Simón, Julio Héctor”, la CSJN resolvió declarar la inconstitucionalidad de las leyes 23.492 -punto final- y 23.521 -obediencia debida-, posteriormente sostuvo su doctrina en el fallo “Mazzeo”.

En dicha oportunidad, nuestro máximo tribunal, negó que cualquier efecto o acto fundado en ellas pudiera oponerse u obstaculizaran el avance de los procesos que instruyan o juzguen la eventual condena de los responsables. Como consecuencia, aquellas personas, que en su momento fueron beneficiarias de tales leyes, ya no pudieron invocar ni la prohibición de retroactividad de la ley penal más grave, ni la cosa juzgada.

El fallo utilizó la doctrina sentada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Barrios Altos”, y en consecuencia efectuó, según entiende Pastor, una interpretación en el sentido más amplio posible a favor de la posibilidad de mantener abierta la pretensión penal[1]. Aún más, sostuvo que dichos principios no podían convertirse en el impedimento para la anulación de las leyes mencionadas y la prosecución de las causas que fenecieron en razón de ellas, ni la de toda otra que hubiera debido iniciarse y no lo haya sido nunca[2].

A su vez, estas fueron las consideraciones que llevaron al Congreso Nacional, en el año 2003, a dictar la ley 25.779, por medio de la cual el Poder Legislativo declaró insanablemente nulas las leyes en cuestión.

Es mucho lo que se ha debatido y escrito al respecto. En una primera aproximación, superficial, a la cuestión, podría contestarse que existe una violación al ne bis in idem. Efectivamente, puede que en determinadas situaciones, se de la conjunción de las tres identidades básicas (persona, objeto y causa) requeridas para determinar la existencia de persecución penal múltiple[3].

Sin embargo, este enfoque deja de lado la particularidad de los delitos que se persiguen y el interés de la comunidad internacional por evitar la impunidad de esos hechos aberrantes. En este orden de ideas, en “Mazzeo”, la CSJN es categórica al afirmar que los institutos de la cosa juzgada y el ne bis in idem no resultan aplicables a este tipo de delitos, de acuerdo a lo establecido en los instrumentos internacionales, y no son una excusa válida para incumplir el deber estatal de individualizar y castigar a los responsables.

En idéntico sentido, se pronuncia parte de la doctrina, al sostener que lo único que hizo el sistema internacional de DDHH, ante la situación existente, fue detectar y remover una violación a los DDHH que, en ese caso, era la omisión del Estado de investigar, averiguar y sancionar a los responsables por los delitos cometidos durante la última dictadura militar[4].

A ello debe agregarse que, los delitos de lesa humanidad producidos en la Argentina de 1976/83, distan de ser iguales a otros delitos sobre los que se ha erigido el discurso penal. Aquéllos fueron ejecutados desde las arcas del Estado, a partir de un plan de exterminio sistemático, organizado y ejecutado contra un sinnúmero de habitantes estigmatizados bajo la indeterminada categoría de “subversivos” que damnificó a miembros de organizaciones armadas, militantes sindicales, estudiantiles, de organismos de derechos humanos, y toda persona que pudiera contrariar los valores “cristianos y occidentales”. Se trata de conductas que no tienen ni un ápice de comparación con las de delitos graves, por más aberrantes que esos sean[5].

Asimismo, no debe dejar de destacarse que, sin perjuicio de los indultos pronunciados al respecto, se ha continuado con los procedimientos a fin de develar lo ocurrido[6]. En este sentido, la posibilidad de que la justicia penal procure la "obtención de la verdad" sabiendo de antemano que por razones legales no podrá imponerse una pena, ha sido justificada, señalándose que es este el "primer paso al reconocimiento de la dignidad humana (arts. I y 2 de la CADH, y 2 del PIDCP)"[7].

Contra esta interpretación, se han pronunciado diversos autores que denuncian una supuesta “tendencia eufórica penal y global” que inspiraría al denominado "derecho penal de los derechos humanos"[8]. Y deslegitiman los juicios a los militares con el argumento de que para juzgarlos se han violado sus derechos humanos, en una manifestación del denominado “neopunitivismo”.

En consonancia con esta última posición, en su disidencia del fallo Mazzeo, el ministro Fayt sostiene que determinar el valor de las garantías constitucionales según los resultados a los que conduciría su respeto, implica la consagración de un verdadero derecho penal del enemigo[9]. Conforme el cual, se admite la derogación de garantías fundamentales del Estado de Derecho para determinados casos considerados de “gravedad”.

Así las cosas, no pretendemos realizar en este espacio un análisis exhaustivo de ambas posiciones, pero queremos destacar que la gravedad y la particularidad de los delitos de lesa humanidad, dificulta gravemente la posibilidad de una respuesta rápida y eficiente por parte del Estado, razón por la cual justifica la aplicación diferencial de ciertas garantías constitucionales.

Señala Raffin, que “…el problema del mal, en estos términos, es un problema sin solución definitiva, irremediablemente, pero por esto mismo, con la potencialidad de forzarnos a un toma de posición.[10]”. La tensión planteada entre el respeto por los principios propios del Estado de derecho y el interés por reprimir los delitos de lesa humanidad nos conducen a una aporía, en la medida en que no cabe posibilidad fáctica de establecer las relaciones de causalidad que nos imponen dichos principios[11]. De esta forma, la renuncia en esta situación a la aplicación de dichos principios no implica el desmantelamiento del Estado de Derecho[12], sino la apropiación por parte del Derecho de la fundación de un nuevo orden político.
Por Agustín Cavana, Sabrina Victorero y Esteban Bendersky.

[1] Ver PASTOR Daniel, “La deriva neopunitivista de organismos y activistas como causa del desprestigio actual de los derechos humanos”, Revista Jurídica: Nueva Doctrina Penal, año 2005 / A, Editores del Puerto, Buenos Aires 2005.

[2] Cf. con lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Barrios Altos”, Párrafo nro. 41: “Esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.”

[3] MAIER, Julio B, “Derecho Procesal Penal” Editores del Puerto, Buenos Aires, 2000.

[4] Ver DE LUCA, Javier Augusto, “Punitivismo y Derechos Humanos. El caso de Argentina.”, Publicaciones del Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional., 2009, p. 9.

[5] Ver DE LUCA, Javier Augusto, “Punitivismo y Derechos Humanos. El caso de Argentina.”, Publicaciones del Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional., 2009, p. 10.

[6] En este sentido se expresa CAFFERATA NORES, al referirse a los casos de desaparición forzada de persona como “derecho a la verdad”, la reprobación pública de aquellas prácticas y la reivindicación de la memoria de las víctimas, formarían parte de la reparación de las consecuencias de la situación violatoria de los derechos o libertades. CAFFERATA NORES, José I., “Proceso Penal Y Derechos Humanos: La Influencia De La Normativa Supranacional Sobre Derechos Humanos De Nivel Constitucional En El Proceso Penal Argentino”, Ed. Centro de Estudios Legales y Sociales, 2000, Buenos Aires, p. 57 y ss.

[7] Cf. Dictamen del Procurador General de la Nación, causa nro. 450, del 8/V/97.

[8] PASTOR Daniel, “La deriva neopunitivista de organismos y activistas como causa del desprestigio actual de los derechos humanos”, Revista Jurídica: Nueva Doctrina Penal, año 2005 / A, Editores del Puerto, Buenos Aires 2005.

[9] Así, según la terminología utilizada por el profesor Günther Jakobs

[10] RAFFIN, Marcelo, “Posdictadura y derechos Humanos”, Revista Derecho y Barbarie, nro. II, 2009, p. 17

[11] RAFFIN, Marcelo, “Posdictadura y derechos Humanos”, Revista Derecho y Barbarie, nro. II, 2009, p. 18

[12] Ver disidencia del fallo Mazzeo, por el ministro Fayt.

Debate Bruzzone - Bovino. Juicio abreviado (Adelanto)

2009-06-07T07:55:00.000-07:00

Finalmente lo logramos!

2009-06-05T16:31:00.000-07:00

Amigos, finalmente, con un poco más de horas de sueño, pudimos incrustar el video depués de cortarlo en dos partes.
Que lo disfruten!
Saludos

"Los Sospechosos de Siempre"
Primera Parte

Segunda Parte

Realidad y ficción

2009-06-04T19:38:00.000-07:00

CUANDO LA REALIDAD SUPERA LA FICCIÓN

Basado en un hecho real ocurrido hace menos de una semana en una fiscalía “X”. Como no pudimos filmar la verdadera situación, la representamos. Después de ver estas imágenes ¿les sigue pareciendo que el juicio abreviado no viola ninguna garantía constitucional?

Este trabajo esta hecho partiendo de la base de que en estas situaciones, en estos casos concretos, es donde se ejerce una relación de poder contra quien comúnmente se encuentra en una disparidad de armas respecto del aparato estatal, el imputado. Y es por esto que no se debe perder de vista que la voluntad de estas personas sometidas al proceso penal en infinidad de casos no es libre, es decir que la posibilidad de optar se vuelve ficticia.

Defensa: bien gracias

Coacción: nooo para nada

Se trata de una propuesta tendenciosa, basada en dos opciones... ... o una sola?

María Laura Accetta, María Celia Ceci y Lisandro De la Torre.

PARA LA PRÓXIMA CLASE (Prohibiciones probatorias)

2009-06-04T18:46:00.001-07:00

Tema próxima clase:

Prohibiciones probatorias

Material de lectura obligatoria:

- Límites formales para la averiguación de la verdad (Maier) (ya está en la casilla de ymail)

- Allanamiento e inviolabilidad de domicilio... - Parte 1 y Parte 2 (click para ver cada parte - prestar atención también a los comentarios de la parte 2)

- Guariglia (Tesis) (ya estaría en la fotocopiadora)

- Fallo Rayford - CSJN (ya está en la casilla de ymail)

- El fallo de la Cámara Federal de La Plata NO VA

Que no se haga rogar... (Continuación al post "Se hace rogar..")

2009-06-04T15:16:00.000-07:00

Compañeros
Como no pudimos solucionar los problemas de archivo para postear el video directamente aquí, tal como era la intención primaria, les recordamos que todos los enlaces funcionan perfecto. Si bien el post quedó un poco relegado, y sabiendo que muchos de ustedes, tanto como nosotros, cursan en horarios de tarde/noche, no dejen de pasarse por aquí. Por cualquier consulta diegocorteggiano@hotmail.com.

Saludos

"Los Sospechosos de Siempre"

EL JUICIO ABREVIADO ENCUBIERTO.

2009-06-04T15:11:00.000-07:00

Hace algunas semanas, tuve la oportunidad de asistir a un debate en el Tribunal Oral Criminal Nº 10, como parte de un trabajo práctico que debía hacer para otra materia. Para mi sorpresa, el juicio fue rapidísimo. Después de leer los hechos y escuchar a los imputados (que reconocieron su responsabilidad), el Fiscal pidió que la prueba testimonial sea incorporada por lectura. La Defensa estuvo de acuerdo y así se hizo. En los alegatos, el Fiscal pidió la pena mínima y la Defensa, nuevamente, estuvo de acuerdo.
Listo, en menos de 40 minutos salieron con fritas dos condenas a 3 años y medio de prisión. A esto supuestamente se había llegado por medio de un juicio con el debido respeto de todas sus formalidades.
Una vez planteados mis cuestionamientos en clase terminé por enterarme que esta práctica es totalmente normal y habitual en tribunales: acuerdos realizados entre el Fiscal y la Defensa, pero sin hacerlo explícito, algo así como “juicios abreviados encubiertos”.
En dicho trabajo me cuestionaba al final del mismo “Cabría preguntarse también, en el caso de que se hubiese hecho un “arreglo” entre las partes por fuera del juicio, hasta que punto esto puede resultar beneficioso para los imputados que son los que en definitiva deberán sufrir la pena y si resulta constitucional en términos normativos -y aceptable en términos éticos- que el defensor y el fiscal negocien los años de encierro que deberá soportar una persona y que el tribunal lo acepte con un silencio cómplice.”
Cuan deteriorada se ve la calidad de la Justicia cuando se utilizan estos mecanismos, supuestamente previstos para mejorar el rendimiento judicial, donde la sanción yla culpabilidad parece más el resultado de una negociación que de la infalible e inequívoca constatación de acciones.

Anahí Rodríguez.-

“SER” o “DEBER SER”, esa es la cuestión

2009-06-04T14:33:00.000-07:00

Nadie ignora (o al menos eso creemos) que la realidad (el ser) no se asemejó nunca al ámbito de lo normativo (el deber ser).
El hombre, como ser racional, siempre ha buscado desde su propia visión el ideal (o conjunto de ideales) para formar una sociedad o comunidad organizada. En este sentido, el Derecho Penal y especialmente el Derecho Procesal Penal –según Beling es “el que se entiende de cerca con el hombre de carne y hueso”- es un instrumento que tiende a actuar una vez que el conflicto ya ha tenido o reflejado en el mundo físico un daño.
Por lo tanto, siendo el Derecho Procesal Penal la rama jurídica donde el Estado ejerce su mayor poder coactivo, nuestra Constitución (y los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos) debe servir como una guía cotidiana para que los agentes judiciales, a la hora de resolver la situación de un individuo (tanto en el aspecto sustantivo como en el de forma), utilicen la solución menos lesiva para sus derechos y garantías.
Asimismo, tampoco olvidamos que nuestro país ha heredado un sistema penal de corte inquisitivo al estilo español que, con el paso del tiempo, fue incorporando elementos del procedimiento acusatorio, llegando así al confuso régimen que tenemos hoy en día.
Ahora bien, con respecto al tema que nos compete, podemos decir que con la implementación del instituto de “juicio abreviado” se ven involucradas las garantías de juicio previo y la de prohibición de la obligación a la autoincriminación (“nadie puede ser obligado a declarar contra si mismo”), ambas consagradas en el art. 18 de nuestra Carta Magna y en los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional.
En cuanto a la de juicio previo, el profesor Bruzzone planteó que se la suele confundir con el debate, entendido como la audiencia oral, pública, continua, contradictoria e inmediata. Bajo este razonamiento, al “eludir” el debate, no se estaría vulnerando la garantía de juicio previo. Para nosotros, la exigencia del debate hoy en día se halla íntimamente relacionada con la de juicio previo, es más, forma parte de ella. De hecho, en la práctica sabemos que la audiencia oral, continua y contradictoria es el único medio para comprobar –entre tantas cuestiones- la veracidad de un hecho imputado o cuestiones de derecho de difícil determinación.
En referencia a la prohibición de autoincriminación, cabe distinguir que no se pretende impedirle al imputado que declare su propia culpabilidad (hacerlo seria coactivo), sino que la práctica demuestra que existe un gran inconveniente: esa declaración suele estar viciada por errores y, por lo tanto, se infringiría el derecho de defensa, que no sería vulnerado si se verificase un contradictorio.
En la tarea de administrar justicia el mayor peso recae sobre los jueces, quienes son los encargados primeros de velar por los derechos y garantías de los ciudadanos. Un sistema penal, en el que el juez tenga contacto inmediato respecto a los sucesos que pudieran llegar a afectar una garantía consagrada en la Constitución, debe ser un proceso libre de toda arbitrariedad. Por ello, una “confesión” que, de forma libre, percibiera el juez, será válida, es un derecho y, en ese caso, el juicio abreviado tendría asidero. Pero, un acuerdo que el juez recibe por escrito ¿será un acuerdo válido? ¿contiene las formalidades básicas para presuponer que la declaración de voluntad no fue viciada por algún factor exógeno al objeto de la defensa de sus intereses? Más grave aún es cuando se encuentran detenidos durante el proceso. En estos casos -a nuestro parecer- resulta claramente irrazonable la celebración del “juicio abreviado”, puesto que en un marco donde no se posee esa libertad y no se conoce de forma cierta la duración de esa privación (porque aún no ha recaído sentencia condenatoria) resulta lógico que si un juez asegura salir de esa incertidumbre, como acusado es muy probable que ponga la firma.
No quisiéramos concluir sin destacar –tal cual lo sostuviera el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni en reiteradas oportunidades- la vital importancia que tienen los datos ónticos en la formación y estudio del Derecho Penal y en el Derecho Procesal Penal. Por ello, si bien no discutimos que el Derecho en general está conformado por ficciones, no podemos obviar que la realidad constituye un factor fundamental al momento de tomar decisiones vinculadas sobre las cuestiones que se pudiesen suscitar en un proceso.
Por último, proponemos ver dos videos de los cuales pretendemos resumir básicamente las diferencias desarrolladas: el ser y el deber ser.

María Belén Díaz
Nicolás Faes
Mariano Zito

Tres formas de ver la clase sobre juicio abreviado

2009-06-04T14:03:00.000-07:00

Por Giselle Maestrojuan y Facundo Miño

Video hecho por el grupo

Mickey vs. Bombita

http://youtube.com/watch?v=ISIf6loI3aY

2) El juicio abreviado
Vs. El Rock and Roll

No parece que al requerir la supuesta “conformidad del imputado, sobre la existencia del hecho y la participación en él”, él mismo se pregunte como expresa el Indio Solari:

¿Era todo? Pregunté. Soy un iluso. No nos dimos nada más, Sólo un buen gesto.”

… y cuando realmente reflexione que está negociación no es un simple gesto por parte del poder represivo del Estado diga:

“Mordí el anzuelo una vez más. Siempre un iluso

El fiscal le responderá casi con seguridad:

” La libertad es fiebre, es oración, fastidio y buena suerte, que está invitando a zozobrar otra vulgaridad social igual, siempre igual, todo igual, todo lo mismo…” Estás nominado!!

Esta coacción o embustero beneficio, ejercido sobre él es difícil de ser rechazado, ya que a su sentir:

“la libertad es fanática; ha visto tanto hermano muerto, tanto amigo enloquecido”

Esto no nos hace pensar que con este instituto se viola el principio de inocencia, ¿Se puede valer el fiscal de la prueba obtenida en la etapa más inquisitoria del sistema? ¿Podemos renunciar al juicio oral y público? ¿Y a nuestra sentencia firme, ya sea condenatoria o absolutoria? Será que:

“en el palacio los jueces se ríen de vos”

Y por qué no:
“arreglaron con el juez, allanaron mi cabeza, y todavía quieren más”

Pero para el fiscal, el imputado solo es:

“un negocio tan pequeño y simple como vos” (¡Pobre!)

Pensábamos que teníamos derecho a NO declarar contra nosotros mismos, a NO autoincriminarnos, pero realmente este mecanismo hace dudar sobre la existencia de nuestro derecho, porque no podemos negar el carácter coercitivo e inquisitivo que contiene, extractor de nuestros más elementales derechos humanos.
No contento con lo que la ley manda el Fiscal nos dice:

“Tu confesión ya sube.”

Y nos queda otra que responder:
“Deténganme”
Y otros se suman a coro:
“Deténganlos”

Y a todo esto, sabemos que la mayoría de nuestra población carcelaria, padece la regla de la prisión preventiva, por lo tanto el tema se torna prácticamente un hecho inmanejable para el imputado, que lo único que desea es la libertad, y este es un dato de nuestra realidad social, que no debemos olvidar, ya que un poquito de coerción sobre el mismo, haría que admita los hechos que se le imputan, ya que está preso en su ciudad, y el Estado lo observa y le dice:

“Te tenemos allí. Abandonado allí. Preso como un animal, Como un animal feroz.”
,
Y Mientras que los hombres más cercanos al poder que tienen un bajo grado de vulnerabilidad reposarán en sus casas esperando la llegada del juicio, nosotros preguntaremos:

“Así las cosas, la fiera más fiera ¿Dónde está?....”

A lo expresado anteriormente, no se puede pasar por alto, la deformación de información que producen los medios (empresas) de comunicación, principalmente el ojo idiota:

“Hay buitres en la tele que quieren matar con carnadas finas te van a matar dale que va Estás frito, angelito!”

Asimismo, no debemos dejar de lado que la mayoría de los seleccionados por el sistema penal son individuos que pertenecen a los sectores más vulnerables, más desangelados de nuestra sociedad a los que los

“encanará un robocop sin ley”,

que ante “ resistencia a la autoridad”

“les cuentan las costillas con un palo, a carcajadas”.

Entonces podemos concluir que con este supuesto acuerdo, el fiscal le dirá al imputado:
“Es tan simple así, no podés elegir”

Y nosotros como sociedad lo podemos advertir diciéndole:

“Claro que no siempre, ves? Resulta bien….”

Y el fiscal le dirá:
“Atado con doble cordel….” No te queda opción. ¿O esperarás que te llegue el turno del verdadero juicio?

3) Cuando la benignidad de la ley es un vehículo de la represión estatal.

Queremos llamar la atención sobre un aspecto estructural de la exposición de Bruzzone. Es una justificación democrática que hace del juicio abreviado como benignidad para el reo pero también como manifestación suprema del ejercicio de la libertad a través de la autonomía de la voluntad.

Sucede que Bruzzone al ser una encarnación misma del Estado, expresando en mayor o menor medida sus contradicciones, primero como fiscal, luego como camarista, termina tomando como propios los postulados de la ideología dominante.

Rara vez que el Estado haya cedido un derecho o una garantía a sus súbditos, se cristalizó como tal. Las contradicciones del sistema operan también en el derecho.

El recurso de amparo que nunca atiende a los desposeídos, opera siempre para garantizar el desalojo de lugares de trabajo ocupados por los trabajadores en defensa de sus derechos. La libertad en el proceso como regla se convierte en la excepción para la clase trabajadora, pero para Chabán o cualquier otro vinculado al poder es un derecho tutelado.

La contradicción que plantea Bruzzone al defender, valorando altamente la reducción del poder punitivo que (supuestamente) produce el juicio abreviado, salta por los aires allí donde más amplia, libre y por qué no, descontrolada es: Córdoba.

Convirtieron a una supuesta vía alternativa de resolución del proceso penal en el vehículo central del poder punitivo del Estado.

"EL CURIOSO CASO DEL DR. MARIO MAGARIÑOS"

2009-06-04T13:36:00.000-07:00

El multipremiado film, "El curioso caso de Benjamin Button" es una pelicula basada en la incertidumbre y en lo quizás poco explicado. He aquí la analogía con el concepto de inconstitucionalidad del juicio abreviado planteado por el Dr. Magariños. Muy pocas personas estan a favor de dichas fundamentaciones porque quizás simplemte las desconocen en profundidad. A partir del fallo que expondré a continuación podremos analizar el porque de sus ideas firmes, y argumentaremos como este instituto conlleva una violación a la garantía del juicio previo. Este voto es el más importante dentro de todos los fallos de Magariños en esta materia junto con la publicación "El juicio Previo de la Constitución Nacional y el Juicio Abreviado" (Ley 24.825), hecha en "Cuadernos de Dóctrina y Jurisprudencia Penal" .

Fallo del Tribunal Oral en lo Criminal N°23, del 23 de diciembre de 1997, Causa 451 seguida contra Apolino Sosa Osorio".

"Que la decisión que corresponde adoptar en relación con la solicitud formulada de modo conjunto por la representante del ministerio público y el imputado y su defensor, en el escrito obrante a fs. 417/8, exige efectuar algunas consideraciones respecto del procedimiento incorporado en el art. 431 bis del Código Procesal Penal de la Nación, mediante la ley 24.825, pues es sobre la base de lo allí regulado que las partes han realizado la solicitud referida.
La importancia de los valores que se han puesto en juego a través de la consagración del mecanismo contemplado en la citada ley 24.825, torna ineludible desarrollar un minucioso examen del alcance y las implicancias del procedimiento que se ha creado para imponer una condena penal a un habitante de la Nación.
Ese nuevo procedimiento incorporado al código de forma, que ha sido denominado por el legislador "juicio abreviado", consiste básicamente en la presentación ante el tribunal de juicio de un acuerdo suscripto por el representante del ministerio público y el acusado acerca de la existencia del hecho, la participación en él del imputado y la calificación jurídica que corresponde otorgarle a la conducta de que se trate. A su vez, se requiere que el ministerio público formule, al efectuar su solicitud de aplicación del procedimiento abreviado, un expreso pedido de pena -que puede alcanzar hasta los seis años de prisión-.
Si el tribunal de juicio no rechaza el acuerdo -argumentando la necesidad de un mejor conocimiento de los hechos o su discrepancia con la calificación jurídica admitida- debe dictar sentencia condenatoria sobre la base de las pruebas recibidas en la etapa de instrucción y de la admisión de responsabilidad efectuada por el imputado. El tribunal no puede imponer una pena mayor o más grave que la pedida por el ministerio público.

Como puede advertirse, el procedimiento descripto guarda similitudes con los instrumentos de negociación propios del derecho anglosajón, más precisamente con una de las modalidades del "plea bargaining" de los Estados Unidos.
En efecto, "Existen dos tipos de plea bargaining. En el primer caso, el imputado admite su responsabilidad a cambio de que el fiscal formule una recomendación al juez sobre la imposición de una pena leve o mínima por el hecho supuestamente cometido -o no imponga penas a cumplir consecutivamente en el caso de consurso real-; este tipo de acuerdos se denomina sentence bargain. En el segundo caso, el fiscal acusa por un hecho distinto, más leve que aquel supuestamente cometido -o imputa menor cantidad de hechos que los supuestamente cometidos, cuando se trata de la sospecha de un concurso real-...La concesión del imputado, en cambio, es siempre la misma: la admisión de su culpabilidad" (conf. Alberto Bovino, "La persecución penal pública en el derecho anglosajón", en "Pena y Estado", AA.VV, Ed. del Puerto, Buenos Aires, 1997, n 2, pág. 67; destacado en el original).
La segunda modalidad de negociación entre imputado y fiscal se denomina "charge bargain" y en ocasiones se combina con la primera, dando lugar a una tercera modalidad "mixta" (conf. Silvia Barona Vilar, "La conformidad en el proceso penal", ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1994, pág. 64).
El procedimiento incorporado al Código Procesal Penal de la Nación por la ley 24.825 presenta las características básicas del "sentence bargain", toda vez que la renuncia a un juicio sobre la culpabilidad que efectúa el imputado tiene como correlato una negociación del monto o la gravedad de la pena a imponer, a partir de la que se pueda estimar que se determinaría en caso de recaer una condena dictada luego de la realización de un juicio oral, público, contradictorio y continuo.
Ahora bien, diversos son los análisis que se han llevado a cabo tanto respecto del "plea bargaining" como de otros sistemas basados en la negociación entre los órganos encargados de la persecución penal y el acusado (una amplia reseña de los distintos sistemas puede verse en Ariel H. Villar, "El juicio abreviado", ed. Némesis, Buenos Aires, 1997 y en Kai Ambos, "Procedimientos abreviados en el proceso alemán y en los proyectos de reforma sudamericanos", trad. a cargo de Ernst Witthaus, "Cuadernos de doctrina y jurisprudencia penal", ed. Ad-hoc, Buenos Aires, 1997, n 4-5, pág. 275), y todos esos estudios han hecho objeto de muy severas críticas a este tipo de sistemas, cuestionando distintos aspectos que se presentan en esa clase de procedimientos.
En virtud de la intensidad de los planteos formulados a aquella clase de mecanismos de negociación en el ámbito del derecho penal, es conveniente efectuar una reseña de ellos.
Así, se ha cuestionado la incompatibilidad de los acuerdos procesales con los fines del derecho penal.
En tal sentido Bernd Schünemann, luego de destacar que con los acuerdos entre fiscal e imputado "no se garantiza el consenso, sino sólo un compromiso, al cual la parte más débil debe adherirse, por necesidad, al punto de vista de la parte más fuerte", afirma que "en tales casos ya no es posible hablar de una individualización seria de la pena", pues ésta resulta "un producto de las capitulaciones procesales del acusado", ni de justicia en el caso particular, lo que "queda per definitionen en el camino" (")Crisis del procedimiento penal?", en "Jornadas sobre la Reforma del Derecho Penal en Alemania", trad. a cargo de Silvina Bacigalupo, n 8, 1991, publicado por el Consejo General del Poder Judicial de España, págs. 56/7; el destacado, con cursiva en el original).
El citado autor critica la individualización de la sanción punitiva a la que se arriba merced a los acuerdos procesales, afirmando que en verdad "la culpabilidad por el hecho, decisiva para la determinación de la pena, sólo puede modificarse dentro de límites muy modestos a través de los sucesos posteriores a la realización de la acción, pués éstos sólo pueden tener una significación indiciaria" (op. cit., pág. 57; el subrayado se agrega).
Expresa también que "Aún cuando se tomara distancia de la pena basada en la culpabilidad y se quisiera otorgar primacía en la individualización de la misma a la idea de prevención, tampoco se llegaría a buen fin por medio de los acuerdos procesales. Desde el punto de vista de la prevención especial la atenuación convenida de la pena no resultaría adecuada, pues el condenado no tomaría en serio la sentencia producto del acuerdo, pues se sentiría únicamente como la parte más débil del negocio transaccional. El arrepentimiento y la comprensión de la propia culpabilidad como motores de la auto-resocialización no pueden fundar la atenuación de la pena en cuanto provienen de un acuerdo que, si no indica lo contrario, inclusive puede contradecirlo" (idem; el subrayado se agrega).
Agrega Schünemann que "tampoco la individualización de la pena basada en la prevención general podría conducir a otros resultados ni siquiera reduciéndola a su concepción más moderna, la llamada prevención general integradora, es decir, la que persigue el fin fundamental de la pena en la reparación simbólica del orden jurídico mediante la sanción a lesiones insoportables de bienes jurídicos". En efecto, "el sometimiento a una norma, y a la sentencia que en ella se fundamenta, sólo dará lugar a un efecto reafirmador de la norma, que podría justificar una atenuación de la pena, cuando dicho sometimiento tiene lugar en forma incondicionada. Por el contrario, el sometimiento que es consecuencia de una negociación sólo certifica la fuerza de la coacción estatal, pero poco dice sobre la inquebrantabilidad del Derecho, razón por la cual no puede legitimar una atenuación de la pena. Por último, la crítica más seria contra los premios penales motivados en la prevención general y, que reconocen su fundamento en acuerdos procesales, surge de la siguiente reflexión: la prevención general integradora se tiene que mover, de todos modos, en el ámbito de la prevención general intimidante, dado que de lo contrario no se estaría sancionando el hecho punible del autor, sino su comportamiento procesal. La individualización de la pena como último nivel de la imposición de la norma debe poner al autor hipotéticamente en el momento anterior a la comisión del hecho y ello demuestra con evidencia que la amenaza de una pena esencialmente atenuada para el caso de estar dispuesto a confesar para reducir la duración del proceso penal, sepulta tanto la seriedad de la norma como el respeto del pueblo frente a tales prácticas" (Idem).
También se han formulado críticas a estos mecanismos de negociación entre partes pues se señala que importan el regreso a prácticas inquisitivas que no sólo desnaturalizan y desvirtúan el modelo de juzgamiento que surgió y se impuso en los dos últimos siglos, precisamente como respuesta a tales prácticas inquisitivas, sino que, además, permiten cuestionar la legitimidad de los "acuerdos" sobre la base de los cuales se arriba al dictado de sentencias condenatorias.

En efecto, "Como lo enseña la psicología del juego de la negociación, el más poderoso, concretamente, es quien impone sus fines, pero por su posición de poder más fuerte y no por su mejor posición jurídica. Por tanto, los acuerdos transforman al proceso penal, concebido hasta ahora como un conflicto de valores decidido por el Juez como un tercero imparcial, en una regulación de conflictos regidos por criterios de poder y no por criterios jurídicos, lo que conduce en la mayoría de los procesos al triunfo de las autoridades judiciales..." (conf. B. Schünemann, op. cit., pág. 55).
Lo cierto es que, en el procedimiento utilizado en los Estados Unidos, no sólo los fiscales y los jueces intentan llegar a un "guilty plea", sino que incluso los propios defensores presionan a "los imputados que no cuentan con recursos económicos...para evitar el esfuerzo que representa la preparación del caso cuando éste es sometido a la decisión del jurado" (conf. A. Bovino, op. cit., pág. 68), lo cual deriva en "una evidente discriminación en perjuicio de cuantos, por su situación económica, son obligados a renunciar, no sólo como entre nosotros, a una defensa adecuada, sino incluso a un justo proceso, como si se tratara de un lujo inaccesible" (conf. L. Ferrajoli, op. cit., pág. 569).
Como resultado de todo ello, el 91 % de las condenas dictadas por tribunales estatales se imponen a través del procedimiento del "plea bargaining", es decir, sin la realización de un juicio (conf. "Felony sentences in state courts: 1988", 1990, p.1; citado por J. H. Langbein, "Sobre el mito...", cit., pág. 47), cifra que en algunos estados alcanza al 99 % de las condenas (conf. Nils Christie, "La industria del control del delito", ed. del Puerto, Buenos Aires, 1993, pág. 142).
De este modo, el "plea bargainig" constituye la verdadera instancia ordinaria del sistema procesal de los Estados Unidos, en tanto que la realización de juicios por jurados ha quedado reservado a casos excepcionales.
Por ello, se afirma que en el ámbito de ese país el juicio por jurados, lejos de tener relevancia como mecanismo de resolución de casos penales, cumple, sin embargo, otras dos funciones; por un lado, "un importantísimo papel simbólico en el imaginario social: él es la etapa más visible, publicitada y expuesta del procedimiento penal", contrastando con la mucho más extendida práctica del "plea bargaining", cuya publicidad es casi nula. Por otro lado, "el juicio desempeña un papel regulador de la actividad negociadora de las partes, pues sus reglas y exigencias determinan el poder que cada parte tendrá en la negociación. Cuanto mayor sea el esfuerzo que el fiscal debe realizar para obtener una condena en juicio, menor será su fuerza negociadora para obtener un guilty plea del imputado (su oferta deberá ser más tentadora). Lo mismo sucede con las probabilidades de que el fiscal obtenga una condena con la prueba que podrá introducir válidamente en el juicio (a mayor probabilidad, mayor poder negociador)...Las reglas que organizan el juicio -especialmente aquellas referidas a la producción de las pruebas-, operan, antes que como instrumentos realizadores del debido proceso, como determinantes de la práctica concreta del plea bargaining y de la capacidad del fiscal para obtener condenas" (conf. A. Bovino, cit., págs. 70/1; destacado en el original).
La ausencia de publicidad del procedimiento utilizado en la inmensa mayoría de las causas criminales en Estados Unidos, "impide que la ciudadanía conozca las circunstancias del delito y su castigo", frustrando de este modo un "importante interés cívico" (conf. J. H. Langbein, "Sobre el mito...", cit., págs. 50/1).
Los rasgos inquisitivos que exhiben los "procedimientos abreviados" y la práctica coercitiva que los órganos públicos ejercen sobre los acusados, han llevado a Ferrajoli a advertir acerca de que la idea tan extendida de que los pactos entre fiscal e imputado "son un resultado lógico del y del , es totalmente ideológica y mistificadora". Agrega que "una tesis como ésta, reforzada por el recurso a la experiencia del proceso acusatorio americano y especialmente del plea bargaining, es fruto de una confusión entre el modelo teórico acusatorio -que consiste únicamente en la separación entre juez y acusación, en la igualdad entre acusación y defensa, en la oralidad y publicidad del juicio- y las características concretas del proceso acusatorio estadounidense, algunas de las cuales, como la discrecionalidad de la acción penal y el pacto, no tiene relación alguna con el modelo teórico. La confusión, injustificable en el plano teórico, es explicable en el histórico: discrecionalidad de la acción penal y acuerdos son, de hecho, los restos modernos del carácter originariamente privado y/o popular de la acusación, cuando la oportunidad de la acción y, eventualmente, de los pactos con el imputado era una consecuencia obvia de la libre acusación. Pero una y otros carecen hoy de justificación en los sistemas en que, como ocurre en Italia e incluso en los Estados Unidos, el órgano de la acusación es público. Lo mismo puede decirse de la fórmula , cuya utilización a propósito de los acuerdos es igualmente impropia y sesgada. La negociación entre acusación y defensa es exactamente lo contrario al juicio contradictorio característico del método acusatorio y remite, más bien, a las prácticas persuasivas permitidas por el secreto en las relaciones desiguales propias de la inquisición. El contradictorio, de hecho, consiste en la confrontación pública y antagónica, en condiciones de igualdad entre las partes. Y ningún juicio contradictorio existe entre partes que, más que contender, pactan entre sí en condiciones de desigualdad" (conf., op. cit., págs. 747/8; destacado en el original).
Asimismo, advierte este autor acerca de la "fuente inagotable de arbitrariedades" a que da lugar la facultad negociadora del fiscal: "arbitrariedades por omisión, ya que no cabe ningún control eficaz sobre los favoritismos que puedan sugerir la inercia o el carácter incompleto de la acusación; arbitrariedades por acción, al resultar inevitable, como enseña la experiencia, que el plea bargaining se convierta en la regla y el juicio en una excepción, prefiriendo muchos imputados inocentes declararse culpables antes que someterse a los costes y riesgos del juicio" (Ibidem, págs. 568/9).
Concluye Ferrajoli que "Todo el sistema de garantías queda así desquiciado: el nexo causal y proporcional entre delito y pena, ya que la medida de ésta no dependerá de la gravedad del primero sino de la habilidad negociadora de la defensa, del espíritu de aventura del imputado y de la discrecionalidad de la acusación; los principios de igualdad, certeza y legalidad penal, ya que no existe ningún criterio legal que condicione la severidad o la indulgencia del ministerio público y que discipline la partida que ha emprendido con el acusado; la inderogabilidad del juicio, que implica infungibilidad de la jurisdicción y de sus garantías, además de la obligatoriedad de la acción penal y de la indisponibilidad de las situaciones penales, burladas de hecho por el poder del ministerio público de ordenar la libertad del acusado que se declara culpable; la presunción de inocencia y la carga de la prueba a la acusación, negadas sustancial, ya que no formalmente, por la primacía que se atribuye a la confesión interesada y por el papel de corrupción del sospechoso que se encarga a la acusación cuando no a la defensa; el principio de contradicción, que exige el conflicto y la neta separación de funciones entre las partes procesales. Incluso la propia naturaleza del interrogatorio queda pervertida: ya no es medio de instauración del contradictorio a través de la exposición de la defensa y la contestación de la acusación, sino relación de fuerza entre investigador e investigado, en el que el primero no tiene que asumir obligaciones probatorias sino presionar sobre el segundo y recoger sus autoacusaciones" (Ibidem, pág. 749; el subrayado y la negrita se agregan).

A todas las críticas hasta aquí reseñadas, deben sumarse las observaciones que se han efectuado, desde una perspectiva constitucional, al sistema del "plea bargaining".
En este sentido, algunos autores afirman que el mecanismo del "plea bargaining" importa una violación de los derechos constitucionales de los imputados (conf. Alberto Bovino, "simplificación del procedimiento y 'juicio abreviado'", AA.VV., "Primeras Jornadas Provinciales de Derecho Procesal", ed. Alveroni, Córdoba, 1995) o bien que "El plea bargaining ha derrotado a la Constitución y al Bill of Rights" (conf. John H. Langbein, "Sobre el mito...", cit., pág. 52).
Ahora bien, en mi criterio, sostener que existe una contradicción normativa entre las disposiciones constitucionales de los Estados Unidos, relativas al juicio por jurados y aquellas que admiten la imposición de una condena mediante el procedimiento de "negociación", esto es, sin un juicio sobre la culpabilidad del acusado, es, al menos, discutible.
La cuestión constitucional de la renuncia, por parte de un acusado por un delito, al juicio previo como condición de la aplicación de una condena fue analizada por la Corte Suprema de los Estados Unidos en un precedente del año 1930.
En el caso "Patton vs. U.S." (281 U.S. 276), fue examinado el alcance que debía otorgarse a las disposiciones constitucionales que exigían la realización de un juicio por jurados en los supuestos de conductas criminales.
Las normas constitucionales sometidas a interpretación en el citado precedente por el máximo tribunal federal de los Estados Unidos, fueron el art. III, sección segunda, de la Constitución originaria de ese país, que en lo que aquí interesa dispone que: "el juicio de todos los delitos, excepto en los casos de juicio político, se hará por jurados; y tendrá lugar en el estado donde los delitos se hayan cometido;...", y la Enmienda sexta, que, sobre el punto, establece que: "En todas las persecuciones criminales, el acusado tendrá el derecho a un juicio rápido y público, por un jurado imparcial, del estado y distrito donde se haya cometido el delito...".
Ahora bien, la sola lectura del precedente arriba mencionado muestra el enorme esfuerzo interpretativo que debió realizar la Suprema Corte de los Estados Unidos para concluir que, pese a la clara letra de las disposiciones constitucionales en juego, el juicio por jurados era sólo un "valioso privilegio" y como tal, renunciable por el acusado.
Para arribar a esa conclusión ese tribunal no sólo debió negar toda relevancia a la diferencia que se registra en la letra y el énfasis de ambas disposiciones fundamentales, y afirmar que lo establecido en el art. III, sección segunda, de la Constitución originaria de aquel país debía interpretarse a la luz de lo dispuesto en la Enmienda Sexta, sino que además asimiló el concepto del término 'derecho' utilizado en dicha enmienda al del término 'privilegio', usado por Story en un tramo del texto de ese autor que el precedente transcribe.
En el fallo en estudio la cuestión central fue presentada en estos términos "Llegamos así a la pregunta crucial: el efecto de las previsiones constitucionales referidas al juicio por jurados )establecen un tribunal en la estructura del gobierno o se trata sólo de garantizar al acusado el derecho a un juicio de esas características?" (sin negrita en el original).
Para responder al interrogante planteado, en el precedente se lleva a cabo un repaso relativamente minucioso de opiniones jurisprudenciales y doctrinarias. Al desarrollar ese análisis el tribunal transcribió el siguiente párrafo de J. Story: "Cuando nuestros más inmediatos ancestros se trasladaron a América trajeron con ellos este gran privilegio como su patrimonio y legado, como una parte admirable del common law que se había desarrollado como una amplia barrera de contención contra los intentos del poder arbitrario. Actualmente se encuentra incorporado en todas nuestras constituciones estatales como un derecho fundamental y la Constitución de los Estados Unidos hubiera sido con razón el centro de las objeciones más fundadas si no lo hubiera confirmado en sus términos más solemnes." (Lo resaltado, en bastardilla en el original).
Luego de esta transcripción la Suprema Corte de los Estados Unidos afirmó "...es razonable concluir que los forjadores de la Constitución simplemente intentaron preservar el derecho a un juicio por jurados básicamente para la protección del acusado...", y agregó que "...La inferencia razonable es que la preocupación de los forjadores de la Constitución fue hacer claro que el derecho a juicio por jurados debía mantenerse inviolable... Que éste fue el propósito del tercer artículo es altamente probable en consideración a la forma de la expresión utilizada en la 6ta. Enmienda.
'En todas las persecuciones criminales, el acusado gozará del derecho a un juicio rápido y público, por un jurado imparcial'...", (el subrayado se agrega).
El tribunal dedujo así que: "Esta disposición que se ocupa claramente del juicio por jurados en términos de privilegio, a pesar de ser posterior a la norma relativa al jurado contenida en la Constitución original, no debe ser vista como modificatoria del precepto original, y no hay razones para pensar que estaba dentro de sus propósitos. Las primeras diez enmiendas y la Constitución original fueron sustancialmente contemporáneas y deben ser interpretadas en igual sentido. Así interpretadas, la última disposición rectamente debe ser vista como reflejando el sentido de la primera. En otras palabras, los dos preceptos quieren decir sustancialmente lo mismo..." (el subrayado se agrega).
Por último, se sostuvo en el precedente analizado que "Sobre esta visión de las disposiciones constitucionales concluimos que el artículo 3, parágrafo 2, no es jurisdiccional pero fue pensado para conferir un derecho al acusado que él puede dejar de lado a su elección...".
Un meditado examen de las expresiones contenidas en el precedente reseñado conduce, en primer lugar, a señalar que, como se adelantó más arriba, se diluye en él toda diferencia conceptual entre 'privilegio' y derecho fundamental, y en este sentido es preciso advertir que el propio Story, al comentar lo establecido respecto del juicio por jurados en el artículo III, sección segunda, de la Constitución de los Estados Unidos, utiliza el término 'privilegio' para referirlo a la consagración en la Carta Magna inglesa del juicio por jurados. Así dice el mencionado autor: "Este privilegio, es uno de los artículos fundamentales de la magna carta, en la que se encuentra consagrado en estos términos solemnes: 'nullus homo capiatur,...'" (conf. "Comentario sobre la Constitución Federal de los Estados Unidos", traducido, anotado y concordado con la Constitución Argentina por Nicolás Antonio Calvo; ed. Imprenta 'La Universidad', Buenos Aires, 1888, IV edición, tomo II, pág. 487). Sin embargo, algunas líneas más abajo de esa afirmación -tal como se transcribe en "Patton vs. U.S."- Story agrega "Actualmente está incorporado en todas nuestras constituciones estatales como un derecho fundamental" (el subrayado se agrega).
Parece claro entonces que la equiparación conceptual llevada a cabo por la Suprema Corte de los Estado Unidos en "Patton vs. U.S.", no se desprende, al menos de modo necesario, de las palabras utilizadas por Story en sus comentarios.
Por otra parte, a pesar de la denodada tarea interpretativa realizada por la Suprema Corte de los Estados Unidos para armonizar la letra de las dos disposiciones constitucionales en juego, es evidente que sólo en virtud de los términos contenidos en la Sexta Enmienda resulta admisible que se haya considerado al "juicio por jurados, como un privilegio de las personas acusadas, privilegio que dichas personas pueden por lo tanto rehusar si así lo prefieren" (conf. Edward S. Corwin, "La Constitución de los Estados Unidos y su significado actual", trad. de Aníbal Leal; ed. Fraterna, 1ra. ed. en español, 1987, pág. 315 y nota n 141, donde se cita "Patton" y otros precedentes posteriores).
En ese sentido, una importante opinión doctrinaria ha señalado con total claridad el diferente significado que poseen los términos utilizados en cada una de las dos disposiciones constitucionales tantas veces citadas.
Así advierte C. Herman Pritchett, "Se observará que en el artículo III, sección 2, el texto es imperativo ('El juzgamiento de todos los delitos...será por jurados'), mientras que la enmienda se limita a decir que el acusado 'tendrá el derecho' a un juicio por jurados. En consecuencia el juicio por jurados no constituye una exigencia institucional, sino tan sólo un 'valioso privilegio' que una persona acusada por un delito puede renunciar a su elección." (conf. "La Constitución Americana", Bs. As., ed. Tea, 1965, pág. 694, donde el autor cita "Patton"; la negrita, con cursiva en el original).
En síntesis, cabe concluir que es sustancialmente con base en la letra de la Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que la Corte Suprema de ese país ha podido interpretar, más allá de lo acertado o no de tal interpretación, que el juicio previo a una sentencia de condena es sólo un derecho o 'valioso privilegio' renunciable por un acusado, y no, como se desprende de la sola lectura del art. III, sección segunda, de esa constitución, una exigencia de carácter institucional.

IV
No existe, sin embargo, margen normativo alguno que permita alcanzar una conclusión similar a la arriba reseñada, si se analiza la compatibilidad entre lo dispuesto por las normas de la Constitución Argentina, que establecen la exigencia
de realización de un 'juicio previo' a la imposición de una condena penal, y lo dispuesto por la ley 24.825.
Por el contrario, varias son las razones que conducen a sostener que lo regulado en la ley citada quebranta de modo palmario lo establecido en los arts. 18 y 118 de la Constitución Nacional.
En efecto, la exigencia de un 'juicio previo', oral, público, contradictorio y continuo, como requisito para la imposición de una pena a un habitante de la Nación, no sólo es una garantía fundamental, contenida en el art. 18 de la Constitución Nacional, sino que, además, es un imperativo de orden institucional en razón de lo establecido en el art. 118 de la Ley Fundamental.
Este carácter imperativo en su art. 18, un mecanismo ineludible para que a un habitante de la Nación pueda serle aplicada una pena: la declaración de culpabilidad mediante una sentencia obtenida luego de la realización del único tipo de "juicio" que la propia Constitución Nacional ordena, esto es, un juicio oral, público, contradictorio y continuo.
La anterior, es una conclusión necesaria toda vez que nuestra Ley Fundamental consagra, por un lado, la forma republicana de gobierno (artículos 1 y 33) y, por otro, y en especial, el "juicio por jurados" en virtud de lo establecido en sus artículos 24, 75 inc. 12 y 118.
En efecto, la Constitución Nacional condiciona la aplicación de una pena, la realización del derecho penal material a la realización de un "juicio previo". A su vez, las cláusulas constitucionales que aluden al juicio -al menos en materia penal- lo hacen refiriéndose al "juicio por jurados". Ello ha llevado a Julio Maier a concluir lo siguiente: "Frente al mandato de establecer el juicio por jurados no puede caber la menor duda acerca de que nuestra Constitución tornó imperativo para nuestro país un procedimiento penal cuyo eje principal era la culminación en un juicio oral, público, contradictorio y continuo, como base de la sentencia penal. En efecto, no otra cosa que un mandato significa ordenar al Congreso de la Nación que promueva "la reforma de la actual legislación en todos sus ramos, y el establecimiento del juicio por jurados" (CN, 24 y 75, inc. 12) y prever, por fin, que "todos los juicios criminales ordinarios que no se deriven del derecho de acusación concedido a la Cámara de Diputados, se terminarán por jurados, luego que se establezca en el país esta institución..." (CN, 118); y el establecimiento del juicio por jurados genera espontáneamente el debate oral, público, contradictorio y continuo, pues no se conoce, histórica y culturalmente, un juicio por jurados sin audiencia oral y continua, sin la presencia ininterrumpida del acusador, del acusado y del tribunal" ("Derecho procesal penal, t. I, Fundamentos", ed. del Puerto, Buenos Aires, pág. 655).
Se puede arribar a idénticas conclusiones, respecto de las características del juicio exigido por la Constitución Nacional, incluso desde otros puntos de partida. Así, por ejemplo, si se toma como base la forma republicana de gobierno (cfr. Maier, op. cit., pags. 647 y ss; Jürgen Baumann, "Derecho Procesal Penal", trad. de la 3a. edición alemana de Conrado Finzi, ed. Depalma, Buenos Aires, 1986, págs. 107 y ss.); o si se lleva a cabo una interpretación histórica del texto constitucional argentino (cfr. Alberto M. Binder, "Introducción al Derecho Procesal Penal", ed. Ad Hoc, Buenos Aires, 1993, págs. 111 y ss.). A su vez, no es otra la conclusión a la que se llega si el objeto de la interpretación consiste en asegurar la efectividad del derecho de defensa (cfr. Alfredo Vélez Mariconde, "Derecho Procesal Penal", 3a. edición, ed. Lerner, Córdoba, 1981, t. I, págs. 418 y ss. y t. II, págs. 203 y ss., en especial, 213-214; Karl Heinz Gössel, "La defensa en el estado de derecho y las limitaciones relativas al defensor en el procedimiento contra terroristas", en Doctrina Penal, año 3, ed. Depalma, Buenos Aires, 1980, págs. 219 y ss.).
En consecuencia, más allá de la diversidad de criterios respecto de la regla constitucional precisa de la que surge la única forma legítima del juicio penal -esto es, del "juicio previo" en los términos del art. 18 de la Constitución Nacional-, lo cierto es que éste debe observar ciertos requisitos (oralidad, publicidad, continuidad y contradicción) sin los cuales no es posible dictar una sentencia condenatoria válida.
En otras palabras, dado que la Constitución Nacional condiciona la aplicación de una pena a la sustanciación de un "juicio previo", y que dicho juicio debe observar, según la misma ley suprema, ciertos requisitos, incumplidos estos requisitos -o alguno de ellos- no hay posibilidades de aplicación válida de una sanción penal. Tales requisitos constituyen, en suma, garantías constitucionales de los ciudadanos frente a toda pretensión punitiva del estado.
Las mencionadas condiciones que debe cumplir el juicio penal, según el programa procesal penal constitucional -o, con las palabras utilizadas por Jorge Clariá Olmedo, las "bases constitucionales" del proceso penal (cfr. "Tratado de Derecho Procesal Penal", ed. Ediar, Buenos Aires, 1960, t.I, págs. 211 y ss.)-, tienen, a su vez, una indudable repercusión en el contenido que cabe asignarle al derecho constitucional de defensa, al menos, en la etapa de juicio.
Por otra parte, es prácticamente unánime el reconocimiento de que las características que distinguen al modelo procesal consagrado por la Constitución Nacional persiguen el cumplimiento de fines políticos insoslayables en un Estado de Derecho.
Es por ello que se ha destacado "...el doble efecto de estas cláusulas que rigen la forma de proceder de la administración de justicia: garantía del justiciable y procedimiento legítimo de los órganos públicos que aplican su poder de coacción en un Estado de Derecho, según mecanismos de control ciudadano" (conf. Julio B. J. Maier, op. cit., pág. 658; sin negrita en el original).
En este sentido, con relación a uno de los caracteres insoslayables del juicio, la publicidad del debate, se ha dicho que "...es otra característica que asegura el régimen más apto para descubrir la verdad, aunque siendo ella de la propia esencia del sistema republicano, resulta igualmente impuesta, como principio general, por una norma de la Constitución: si aquél exige, en verdad, que todos los funcionarios públicos (los representantes) sean responsables de sus actos ante el pueblo soberano (el representado), la responsabilidad de los jueces sólo puede hacerse efectiva cuando sus actos son públicos, es decir, cuando los ciudadanos pueden asistir al debate y a la lectura de la sentencia" (Vélez Mariconde, op. cit., t. II, pág. 165).
Agrega el mencionado autor, citando a Lucchini, que "La singular importancia de esta regla procesal resulta evidente porque 'la verdad y la justicia no pueden separarse y tener secretos; la justicia requiere la luz, para que en la conciencia del Juez se refleje la conciencia de la sociedad y viceversa; de lo contrario, cuando el procedimiento se desenvuelve en el misterio, en él penetra y domina la sospecha y el arbitrio'" (idem).
Ya Cesare Beccaria en su "De los delitos y de las penas" decía: "Sean públicos los juicios y públicas las pruebas del delito, para que la opinión, que acaso es el solo cimiento de la sociedad, imponga un freno a la fuerza y a las pasiones, para que el pueblo diga: nosotros no somos esclavos, sino defendidos" (ed. Altaya, Barcelona, 1994, pág. 50).
También la función de garantía que la publicidad cumple para el imputado aparecía en el pensamiento de los autores iluministas: "'Entre nosotros todo se hace en secreto. Un solo juez, con su secretario, oye a los testigos uno después del otro..., y, encerrado con ellos, puede hacerles decir todo lo que quiere', lamentaba Voltaire contraponiendo este proceso al 'noble y leal' de los romanos, donde 'los testigos eran oídos públicamente en presencia del acusado, que podía responderles, interrogarles por sí mismo, o ponerlos en confrontación con un abogado; y preguntaba: ')De verdad el secreto conviene a la justicia? )No debiera ser sólo propio del delito esconderse?" (conf. Luigi Ferrajoli, op. cit., págs. 616/7).
Por su parte, Bentham en el "Tratado de las pruebas judiciales" afirmaba que la publicidad asegura la "veracidad" de los testimonios: "...la mentira puede ser audaz en un interrogatorio secreto, mas es difícil que lo sea en público e inclusive es extremadamente improbable por parte de cualquier hombre que no sea un depravado completo. Todas las miradas dirigidas sobre un testigo lo desconciertan si tiene un plan de impostura: percibe que la mentira puede encontrar un contradictor en cada uno de los que lo escuchan. Tanto una fisonomía que le es conocida como otras mil que no conoce, lo inquietan por igual y se imagina, a pesar suyo, que la verdad que trata de ocultar surgirá del seno de esa audiencia y lo expondrá a los peligros del falso testimonio. Se da cuenta de que hay, al menos, una pena a la que no podrá escapar: la vergüenza en presencia de una multitud de espectadores" (citado por Ferrajoli, L., op. cit., pág. 617 y nota 335).
En idéntico sentido, Vélez Mariconde afirma que "...se observa fácilmente la influencia de la publicidad sobre testigos y peritos, pues si el secreto y la falta de toda solemnidad en sus declaraciones, propios del procedimiento escrito, es un marco apropiado para la mentira, aquélla constituye, en cambio, una forma que los induce a la veracidad, ya sea por encontrar el testimonio de su falsía en el mismo público que asiste a la audiencia, ya sea porque sienten verdaderamente el peso de su responsabilidad." (op. cit., t. II, pág. 196).
Tales razones hacen comprensible que el art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (incorporada a la Constitución Nacional, conforme lo dispuesto en su art. 75 inc. 22), luego de enunciar una serie de derechos, determine en su inciso 5 , con contundente carácter imperativo que "El proceso penal debe ser público".
Por lo expuesto, es indudable que, como regla, no resulta posible admitir que una prueba producida fuera de una audiencia pública pueda servir de base para la sentencia, pues aceptar tal extremo importa lesionar el requisito de publicidad , al menos, en cuanto a su función de posibilitar el ejercicio del control ciudadano de los actos de gobierno.
A su vez, respecto de la exigencia de la oralidad del juicio, se ha dicho que "...está estrechamente vinculada a la publicidad, de la que representa la principal garantía" (conf. Ferrajoli, op. cit., pág. 619).
Asimismo, la oralidad hace posible la vigencia de una de las condiciones epistemológicas de la construcción de la verdad procesal. En palabras de Vélez Mariconde: "Para que el principio de inmediación se pueda hacer efectivo con respecto al Juez que debe dictar la sentencia, es preciso ante todo que el juicio definitivo se realice oralmente. Este procedimiento o método de investigación es la primera consecuencia de aquel principio racional, porque 'la palabra hablada es la manifestación natural y originaria del pensamiento humano', así como la forma escrita constituye una 'especie de expresión inoriginal' o mediata del mismo. Cuando se admite la segunda, realmente, el acta se interpone, por así decirlo, entre el medio de prueba y el Juez de sentencia que debe evaluarlo".
Agrega luego: "Porque asegura el contacto directo entre los elementos de prueba y el Juez de sentencia, la oralidad es la forma natural de esclarecer la verdad, de reproducir lógicamente el hecho delictuoso, de apreciar la condición de las personas que suministran tales elementos, de proscribir cortapisas y limitaciones subjetivas que derivan del procedimiento escrito, de hacer imposible o muy difícil toda argucia dirigida a entorpecer el descubrimiento de la verdad" (conf. op. cit., t. II, pág. 188; sin negrita en el original).
Respecto de la función de garantía que presentan los caracteres distintivos del modelo procesal constitucional, sin duda, la regla que más relevancia posee en relación con la cuestión planteada es la que exige el contradictorio como modo de arribar a la verdad procesal, y ello fundamentalmente en tanto es la que permite, en mayor medida, determinar el contenido mínimo que en la etapa de juicio debe asignarse al derecho constitucional de defensa (art. 18 de la Constitución Nacional).
En efecto, en virtud del principio de contradicción el proceso penal debe ser entendido como un "proceso de partes". Ello, a pesar de que una de las partes sea el estado -como consecuencia del principio de oficialidad de la persecución penal-. Una vez más, con palabras del Prof. Julio Maier: "El juicio o procedimiento principal es, idealmente, el momento o período procesal en el cual el acusador y el acusado se enfrentan, a la manera del proceso de partes, en presencia de un equilibrio procesal manifiesto. Tanto es así que las facultades que son otorgadas a uno y otro son paralelas o, si se quiere, las otorgadas a uno resultan ser reflejo de las concedidas al otro: la acusación provoca la contestación del acusado; ambos pueden probar los extremos que invocan y controlar la prueba del contrario; ambos valoran las pruebas recibidas para indicar al tribunal el sentido en el que debe ejercer su poder de decisión. En su conformación ideal este procedimiento construye la verdad procesal por enfrentamiento de los diversos intereses y puntos de vista acerca del suceso histórico que constituye su objeto, mediante un debate en el cual se produce ese enfrentamiento, cuya síntesis está representada por la decisión (sentencia) de un tribunal tan imparcial como sea posible" (conf. op. cit., pág. 579. En idéntico sentido, v. Vélez Mariconde, op. cit., págs. 213 y ss.).
Estas facultades que necesariamente deben estar garantizadas por las leyes procesales reglamentarias de la Constitución Nacional, forman parte de lo que puede denominarse el "contenido mínimo" -por mandato constitucional, ineludible- con que debe concebirse a la garantía constitucional de defensa en juicio.
La relación apuntada entre contradictorio y derecho de defensa aparece explícita en el enfoque epistemológico de las garantías penales -procesales y materiales- propuesto por Luigi Ferrajoli. Afirma el autor italiano en este sentido que el derecho de defensa -expresado por él en el axioma nulla probatio sine defensione- "...es la transposición jurídica de la que...he identificado como la principal condición epistemológica de la prueba: la refutabilidad de la hipótesis acusatoria experimentada por el poder de refutarla de la contraparte interesada, de modo que no es atendible ninguna prueba sin que se hayan activado infructuosamente todas las posibles refutaciones y contrapruebas. La defensa, que tendencialmente no tiene espacio en el proceso inquisitivo, es el más importante instrumento de impulso y de control del método de prueba acusatorio, consistente precisamente en el contradictorio entre hipótesis de acusación y de defensa y las pruebas y contrapruebas correspondientes. La epistemología falsacionista que está en la base de este método no permite juicios potestativos sino que requiere, como tutela de la presunción de inocencia, un procedimiento de investigación basado en el conflicto, aunque sea regulado y ritualizado, entre partes contrapuestas" (conf. op. cit., pág. 613).
Como ya ha sido dicho, ello es así, por imperativo de orden constitucional, en la etapa de juicio, pues durante la etapa de la instrucción, dado que no existe en la Constitución Nacional un mandato al legislador acerca de cuál es el modelo procesal que corresponde adoptar, puede verificarse un marco procesal que consagre facultades defensivas más restringidas que las que -por mandato constitucional- deben asignarse en la etapa de juicio.
Dice Julio J. B. Maier: "Dado que la instrucción (procedimiento preparatorio y preliminar) es el período procesal cuya tarea principal consiste en averiguar los rastros -elementos de prueba- que existen acerca de un hecho punible que se afirmó como sucedido, con el fin de lograr la decisión acerca si se promueve juicio penal -acusación- o si se clausura la persecución penal -sobreseimiento-, resulta que, en él, los órganos de persecución penal del Estado prevalecen sobre el imputado, sin perjuicio del resguardo de las garantías individuales que amparan a este último, las cuales suponen un mínimo de derechos correspondientes a él -y a su defensor-, sin los cuales no se podría afirmar con seriedad el funcionamiento de un Estado de Derecho" (op. cit., pág. 578).
Esta diferente naturaleza de las etapas procesales mencionadas explica por qué resulta admisible que el contenido del derecho de defensa no permanezca idéntico a medida que avanza el proceso penal.
Ahora bien, tal como se ha señalado más arriba, uno de los requisitos que el principio de contradicción impone es el de que las partes cuenten con la facultad de controlar la producción de las pruebas que presente la contraparte para sostener la hipótesis que postula.
Nuevamente, dicha facultad, para el imputado, integra el "contenido mínimo" de la garantía de defensa en juicio, de rango constitucional (art. 18).
Precisamente, la potestad de controlar la prueba que valorará el tribunal en la sentencia constituye "la principal razón de ser del debate oral y público, regulado por las leyes procesales penales modernas que reformaron el sistema inquisitivo, instituyéndolo como culminación del procedimiento y para que proporcione la base de la sentencia. Este debate se cumple con la presencia ininterrumpida de todos los sujetos procesales (inmediación), inclusive el imputado y su defensor, y en él son incorporados los únicos elementos de prueba idóneos para fundar la sentencia, forma de proceder que asegura el control probatorio por parte de todas las personas interesadas en la decisión; a él concurren el acusador y el acusado -también su defensor- con las mismas facultades, factor principal de la equiparación de posibilidades respecto del fallo" (conf. Maier, Julio B. J., op. cit. pág. 585).
"De ello resulta, también -agrega el autor citado-, que la investigación anterior (instrucción o procedimiento preliminar) y los medios de prueba que allí se realizan tienen sólo valor preparatorio, esto es, sirven para decidir acerca de si se enjuicia al imputado (acusación), mas no para fundar la sentencia (conf. op. cit., págs. 585/6; sin subrayado en el original).
En conclusión, a la luz de todo lo expresado hasta aquí queda claro que, de las diversas cláusulas de la Constitución Nacional que se refieren al 'juicio' como requisito ineludible para la imposición de una pena, surge inequívocamente que el 'juicio previo' -oral, público, contradictorio y continuo-, comporta tanto una garantía de los ciudadanos frente al poder estatal como una exigencia de carácter institucional.
A su vez, dichas normas constitucionales, a diferencia de la Enmienda VI de la Constitución de los Estados Unidos, no dejan ningún resquicio para postular una interpretación similar a la sostenida por la Suprema Corte del mencionado país.
La conclusión de que el 'juicio previo' -oral, público, contradictorio y continuo- es en nuestra Constitución además de una garantía para los habitantes del país, una exigencia de orden institucional, se refirma a la luz de lo dispuesto en el art. 118 de la Constitución Argentina, que establece que "Todos los juicios criminales ordinarios, que no se deriven del derecho de acusación concedido a la Cámara de Diputados, se terminarán por jurados... La actuación de estos juicios se hará en la provincia donde se hubiere cometido el delito...".
Como puede advertirse, la última norma constitucional citada posee un mandato idéntico al contenido en el art. III, sección segunda, de la Constitución de los Estados Unidos y ha sido redactada casi en los mismos términos que los de esta norma.
A mi modo de ver, esas circunstancias unidas a la ausencia en nuestra Constitución Nacional de una norma como la contenida en la Enmienda VI de la Constitución de los Estados Unidos, y a la ubicación sistemática que en nuestra Constitución posee el art. 118, que otorga a su contenido un claro carácter jurisdiccional, hacen ineludible concluir que esta norma, más que ninguna otra, ha impuesto una exigencia de orden institucional -y como tal irrenunciable por voluntad individual-: la de un 'juicio previo' -oral, público, contradictorio y continuo- a la aplicación de una pena."
Ha expresado en tal sentido Joaquín V. González, al comentar el art. 102 de la Constitución Nacional (actual art. 118), que la forma de juicio que la Constitución Nacional consagra para las causas criminales, constituye una institución cuya "creación se hace en forma orgánica en el capítulo que contiene todos los poderes judiciales..." (conf. "Manual de la Constitución Argentina, 1853/1860", ed. Ángel Estrada, Buenos Aires, 28a. ed., 1983, pág. 623, n 634 y sig.). Afirma también el autor citado que la Constitución de 1853/60 "dio formas más definidas e imperativas" a los textos normativos que se refieren al tipo de juicio que ella establece, que las Constituciones de 1819 -art. 114- y 1826 -art. 164-, que al respecto sólo expresaban "es 'del interés y del derecho' de todos los miembros de la comunidad política" (conf. op. cit., pág. 626, n 637).
En síntesis, el carácter imperativo, institucional e irrenunciable de lo dispuesto en el art. 118 de la Constitución Nacional, surge con toda nitidez, con sólo verificar la decisión de los constituyentes de incluir esa cláusula en la parte orgánica, Sección Tercera, Capítulo Segundo, de la Constitución Nacional, es decir, allí donde se instituye al Poder Judicial como uno de los tres poderes del estado federal y se regulan sus atribuciones.
De todo lo expuesto se deduce que el sentido y alcance de las disposiciones constitucionales que se han analizado, en especial de los arts. 18 y 118 de la Constitución Nacional, evidencian la absoluta contradicción que existe entre esas normas y lo dispuesto por el legislador en la ley 24.825, que suprime, de modo liso y llano, la realización del 'juicio previo' -oral, público, contradictorio y continuo- que aquellas normas fundamentales imponen como condición necesaria para la aplicación de una pena a un habitante de la Nación y, por lo tanto, resulta ineludible concluir que esa ley carece de validez normativa.

Ante esa conclusión es preciso examinar ahora la cuestión atinente a la facultad jurisdiccional de declarar la inconstitucionalidad de una ley cuando, como en el caso, esa declaración no ha sido solicitada.
Al respecto, debo señalar que si bien en alguna decisión anterior apliqué la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del caso "Ganadera Los Lagos S.A. c/ Gobierno Nacional" (conf. Fallos: 190:141), conforme a la cual los jueces sólo están habilitados para examinar la legitimidad constitucional de las normas emanadas de los restantes poderes sólo cuando media pedido de parte (v., entre otros, los precedentes registrados en Fallos: 199:466, 204:671, 234:335, 250:716, 254:201, 261:278, 269:225, 289:177, 303:715, 305:2146), un análisis detenido de la cuestión y, fundamentalmente, los argumentos expresados por la gran mayoría de las más destacadas opiniones doctrinarias que se han pronunciado sobre el punto, me conducen a considerar que es una atribución propia de la función de los jueces la de controlar la conformidad de las normas que han de ser aplicadas con las disposiciones contenidas en la Constitución Nacional.
En este sentido, se ha expresado que "...el control de constitucionalidad hace parte de la función de aplicación del derecho, y que, por eso, debe efectuarse por el juez aunque no se lo pida la parte, porque configura un aspecto del 'iura novit curia'. El juez tiene que aplicar bien el derecho, y para eso, en la subsunción del caso concreto dentro de la norma, debe seleccionar la que tiene prioridad constitucional. Aplicar una norma inconstitucional es aplicar mal el derecho, y esa mala aplicación -derivada de no preferir la norma que por su rango prevalente ha de regir el caso- no se purga por el hecho de que nadie haya cuestionado la inconstitucionalidad. Es obligación del juez suplir el derecho invocado, y en esa suplencia puede y debe fiscalizar de oficio la constitucionalidad dentro de lo más estricto de su función. El control aludido importa una cuestión de derecho, y en ella el juez no está vinculado por el derecho que las partes invocan" (conf. Germán J. Bidart Campos, "Manual de Derecho Constitucional Argentino", ed. Ediar, Buenos Aires, 2da. ed. actualizada, 1979, págs. 778/9; la negrita, con cursiva en el original).
Tanto la doctrina como el sector de la jurisprudencia que se enrola en tal postura se han encargado de formular una distinción entre declaración abstracta y declaración de oficio de inconstitucionalidad de una norma, aclarando que sólo se encuentra vedada la primera, esto es, la que se realiza "fuera de una causa concreta en la cual deba o pueda efectuarse la aplicación de las normas supuestamente en pugna con la Constitución" (la cita corresponde al voto en disidencia de los Dres. Fayt y Belluscio en el precedente registrado en Fallos: 306:303).
Asimismo, los autores nacionales que se pronuncian a favor de la declaración de inconstitucionalidad de oficio han señalado la inconsistencia de los supuestos obstáculos indicados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para el reconocimiento de dicha facultad a los jueces.
En primer lugar, se ha destacado que la declaración de oficio no altera el equilibrio entre los tres poderes establecidos por la Constitución Nacional (como sostiene la Corte en el ya citado caso "Los Lagos"), toda vez que no implica arrogarse atribuciones legislativas sino, por el contrario, ejercer la facultad de control propia de la división de poderes, que supone la idea de que el control no puede estar a cargo del poder controlado.
Asimismo, se ha expresado que el temor a una ruptura del equilibrio constitucional entre los tres poderes "por la absorción del Poder Judicial en desmedro de los otros dos", que inspira a la tesis negatoria del control de oficio, no halla, por un lado, sustento histórico, y por otro, no toma en cuenta que si el "Poder Judicial torpedease sistemática, arbitraria, caprichosa e irrazonablemente las leyes que dictase el Congreso, produciendo así la inmovilización gubernativa, el Parlamento tiene mecanismos constitucionales para controlar, a su vez, las posibles exageraciones institucionales del Poder Judicial (incluyendo el muy extremo caso del juicio político)" (conf. Néstor Pedro Sagüés, "Recurso Extraordinario", ed. Astrea, Buenos Aires, 3ra. ed. actualizada, 1992, t. 1, págs. 141/2).
Por otra parte, resulta sumamente difícil advertir de qué modo el pretendido agravio al equilibrio entre los poderes podría eliminarse mediante la exigencia de que alguna de las partes que intervienen en un caso haya solicitado la declaración de inconstitucionalidad de la norma de que se trate.
En segundo lugar, respecto del desconocimiento de la presunción de validez de las leyes que, a juicio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, importaría la declaración de inconstitucionalidad de oficio, se ha observado que dicha presunción es siempre provisional y, precisamente, sólo puede mantenerse hasta que un órgano facultado para controlar su legitimidad afirme su invalidez.
Agrega Sagüés que "no se advierte cómo se acepta (sin discusión) que no se atenta contra la presunción de legitimidad cuando es una parte quien ataca la constitucionalidad de una ley, y que sí se atenta contra tal presunción cuando es un tribunal el que decide motu proprio reputar -luego del razonamiento del caso, por supuesto- que la misma ley es inconstitucional (conf. op. cit., págs. 142/3; la negrita, con cursiva en el original).

A modo de conclusión podemos decir que resulta ineludible interrogarse acerca de si la reforma legislativa implicó un verdadero cambio, si el juicio oral, público, contradictorio y continuo fue asumido en verdad como la etapa principal y definitoria del proceso penal o si, como parece indicarlo la escasa oposición al nuevo procedimiento abreviado fue entendidio como una mera reiteración de los actos llevados a cabo durante la instrucción. Finalmente podría alegarse que una necedidad de eficiencia es lo que ha determinado al legislador a consagrar un procedimiento que arrasa con los valores básicosque carácterizan y definen un sistema democrático y republicano de derecho.

Así vemos que LO UNICO CURISO DE ESTE CASO, ES NO CONOCERLO CON PROFUNDIDAD, BASTA CON MIRAR NUESTRA HISTORIA NO TAN LEJANA PARA ENCONTRAR LO QUE OCURRE A UN PUEBLO QUE NO MANTIENE CON FIRMEZA LA VIGENCIA DE LOS VALORES ESCENCIALES DE UN ESTADO DEMOCRÁTICO DE DERECHO.

Alejandro Dyksztein

Se hace rogar...

2009-06-04T10:49:00.000-07:00

Estimados compañeros alumnos y profesores
Por determinadas razones que no he podido determinar (?) Nuestro post en este blog se está haciendo rogar bastante. Esto tiene que ver con, quizá, la inoperancia de quien escribe ó con lo pesado, que nada tiene que ver conmigo y sí con el video que con tanto esmero y esfuerzo hemos preparado en grupo para todos ustedes, el cual se está demorando mucho en "colgarse" -lleva más de 9 hrs-.
Por esta razón, decidimos que para no dilatar más la cuestión, a través de este enlace, puedan acceder al material. Ese link lo va a redirigir a "RapidShare" -página para compartir todo tipo de archivos-. El procedimiento es sencillo. Deben usar la opción "free user", aguardar cerca de 40 segundos hasta que la pantalla cambie y aparezca "Download", clickean y aguardan. Lo pueden guardar ó no. El enlace funciona a la perfección, lo acabo de comprobar.
Igualmente, se está subiendo a YouTube una versión comprimida que ni bien esté disponible, dejaremos el correspondiente link.
Pidiéndoles a todos las disculpas del caso y solicitándole al "jurado" se tome los 15 minutos que demora en bajar el archivo para ver este trabajo que, consideramos, merece una oportunidad.
Por último, esperamos que lo disfruten tanto como nosotros disfrutamos en hacerlo.

Recomendación especial a todos aquellos que se van del cine y/o apagan el DVD justo antes del comienzo de los créditos... No se levanten
Saludos

Diego

"Los Sospechosos de Siempre" somos:
Alan Swanston, Nicolás Da Cunha y Diego Corteggiano

Por último, si no lo pueden ver con los reproductores de W Media, Real Player, etc., acá les dejo un potente reproductor que soporta gran cantidad de formatos (.avi, divx, mpg4, etc, etc.) El enlace es seguro y libre de virus (no se aún H1N1) Buscan la opción para descargar a Windows y listo.
Cualquier duda, consulten. Hasta las 19.00 estoy.

EDITADO EL 04/06/09 a las 17:53
Acá les ilustro los pasos a seguir para bajar el video. Lo primero que van a ver luego de clikear en el enlace, es esta página. Tal como se indica, utilizan la opción "free user"

Eso los lleva a esta segunda etapa, donde solamente tienen que aguardar a que transcurra el tiempo...
Una vez sucedido lo anterior, dan clik a "Download" y listo!

¿Quien esta del otro lado?

2009-06-04T09:25:00.001-07:00

Después de ver esta imagen, la primer pregunta que me surge es saber ¿quien está del otro lado?, ¿Con que y quien se encuentra el individuo que comienza a someterse a un proceso penal?. Por lo pronto, se puede observar -a simple vista- que no es alguien que se encuentra a “su misma estatura”. Cuando se producía el debate sobre si el juicio abreviado violaba o no la garantía de juicio previo no podía dejar de representarme esta imagen.
Argumentos como: el individuo es quien tiene la libertad de elegir si se somete o no a ese proceso y que de esa forma al mismo tiempo se estaría aplicando la ley penal mas benigna, o que no viola ninguna garantía porque se entiende como juicio a la acusación, el ejercicio de la defensa, una instancia de producción de prueba y la sentencia, por lo que no debería entenderse a la audiencia como parte del juicio previo y esta podría ser renunciable. Estos argumentos presuponen a un individuo capaz, con libre voluntad de elegir. ¿Pero que tan libre es este sujeto de derecho? ¿Que sensaciones producirá abrir esa gigante puerta del proceso penal? Seguramente determinación y seguridad no sea la respuesta correcta. Desde que un sujeto golpea esta puerta se encuentra con diferentes situaciones paradojas que afectan a la libre voluntad de decidir. Desde el comienzo se pone en duda el principio de inocencia: soy inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero para que se demuestre lo contrario debo estar preso, es decir, que para que alguien demuestre su inocencia debe estar en las mismas condiciones que una persona que está cumpliendo su pena. Pero el Dr. Bruzzone prescinde de los casos que haya prisión preventiva, dejando de las consecuencias discriminatoria que produciría este tipo de selección, continuaré.

DAVIS VS. GOLIATH

Existe otro tema a tener en cuenta, ¿Quién es la otra parte? ¿Con quien tengo que “negociar”? Como se mencionó anteriormente, no se trata de un igual, sino de un gigante, que su sola presencia intimidaría al mismísimo David. Una persona que es seleccionada por el poder punitivo y que se debe enfrentar a Goliath ¿no se sentiría un poco intimidado? ¿es posible que esta persona en esas circunstancias pueda libremente decidir?. Si ofrecen la posibilidad de evitar luchar contra Goliath (donde el futuro es muy incierto) por el hecho de aceptar la derrota y obtener un castigo menor, ¿Soy realmente libre de decidir? ¿La presencia de Goliath no afectaría mi decisión?.
Seguramente existen casos en donde será mas favorable, pero también existen casos en donde pueda ser mas desfavorables. El reconocimiento y aceptación de los cargos, puede servir como método para cuantificar la pena, pero no para negociar una solución más segura, porque el simple ofrecimiento es coercitivo, es tentar al acusado para que se declare culpable.

Alex F. Orellana Isasmendi

Juicio Abreviado

2009-06-04T09:21:00.000-07:00

Sobre este tema tan controvertido de nuestro ordenamiento, simplemente quiero destacar los objetivos por los que se incluyó este instituto.-
En principio, el Dr. Caffetara Noras sostuvo en el debate parlamentario que “el proyecto en consideración sobre el denominado juicio penal abreviado, tiene por objeto lograr una racional distribución de los recursos que el Estado afecta al proceso penal. Para ello se establece un procedimiento abreviado sin juicio oral para los casos en que exista acuerdo entre el acusado y el Fiscal acerca de la abreviación del procedimiento, sobre la aceptación de la acusación por parte del acusado y su defensor y acerca de la pena eventualmente a imponer”, mientras que otro Senador consideró que “…ésta también es una cuestión de política procesal, que hay que dar una alternativa que permita…el logro de un considerable número de sentencias en plazos cortos en un significativo ahorro de recursos y actividad judicial para el caso de delitos menos graves y sin que se afecten esenciales garantías constitucionales.”
De lo expuesto se entiende que, el objetivo de tal reglamentación no descansa sobre las garantías del imputado, sino más bien en intereses estatales, o sea, creo que deja de ser un beneficio de toda persona imputada en una causa penal, para pasar a ser primordial evitar el desgaste jurisdiccional propio de los procedimientos del juicio común.-
Un ejemplo de que este instituto se convirtió en la regla y que los juicios orales, públicos, contradictorios y continuos son la excepción, son las estadísticas, ellas demuestran que nada más en Capital Federal, los tribunales en lo criminal, han realizado el doble de juicios abreviados que de juicios orales, así en el año 2005 se llevaron a cabo 2.947 juicio abreviados, mientras que 1.422 juicios orales, en el año 2006, 3.002 juicios abreviados y 1.389 juicios orales, en el 2007, 3.190 juicios abreviados y 1.435 juicios orales y en el 2008 2.552 abreviados y 2.465 orales.-
Con ello quiero demostrar que se desnaturalizó el instituto del juicio abreviado, tomándolo como una regla, se dejó de lado la garantía del imputado. Lo cierto es que no entiendo como los objetivos por los cuales se creo este instituto pueden coincidir o no contradecirse con las garantías del imputado y en este caso creo que siempre termina perdiendo la persona acusada de cometer un delito y nunca el Estado.-
María Julia Marzano –Esteban Venditti

EL JUEGO DEL MIEDO

2009-06-04T05:39:00.000-07:00

¿ PUEDE GANAR EL IMPUTADO?

“La única posibilidad que tiene el imputado de recuperar su libertad es llegar a un acuerdo con el fiscal y confesar, aun si no hubiera cometido el delito que le atribuyen. Ello no significa que el juicio abreviado lo favorezca. En todo caso, su aplicación representa una nueva violación de sus derechos.”
A. BOVINO, Procedimiento Abreviado y Juicio por Jurados (1998)

¿Es esto realmente así? Resulta, en nuestra opinión, incuestionable que por la forma en que está legislado y por vicios de la práctica judicial[1], el juicio abreviado puede llevar a situaciones injustas donde se ejerza coerción sobre la persona sometida a proceso para que acceda a renunciar a sus derechos a cambio de una pena menor. Sin perjuicio de lo cual, no puede soslayarse que en algunos casos se presenta como la mejor opción para el imputado, y que negarle la posibilidad de decidir su destino es incompatible con la conceptualización que se hace del mismo como sujeto autónomo, en la que se pierde de vista que es a su favor que se han dispuesto las diversas garantías. De esta forma, el deber del Estado de garantizar el derecho de defensa en juicio no sería en interés del imputado, sino del mismo Estado por garantizar la igualdad de armas entre el fiscal y el defensor, siendo ambos profesionales, experimentados y objetivos[2]. Así, la posibilidad de contar con una defensa técnica dejaría de ser un derecho para convertirse en un deber para el imputado.[3]

Está claro que, como afirma Bruzzone, en la puja entre el objetivo de averiguación de la verdad en coordinación con el respeto a la dignidad humana siempre nos debemos inclinar por esta última. En este sentido, creemos que negar a las personas la posibilidad de elegir, necesariamente implica permitir que las mismas sean usadas como medios para satisfacer necesidades del Estado, siendo, por lo tanto, degradadas a la condición de cosas al servicio de otros fines[4].
En una correcta aplicación del principio pro homine, deberá tenerse en cuenta que la norma que sea más garantizadora, dependerá de su aplicación a cada hecho particular[5]. Conforme lo expuesto, aunque resulte casi una ironía, puede suceder que en un caso concreto, el juicio abreviado sea la solución menos lesiva y la más favorable a los intereses del imputado por lo que no deberían oponerse reparos a su aplicación[6]. Como bien señala Abramovich, en el foro, tanto como en la arena del combate, en desmedro del mito de la solución correcta, la calificación de las posiciones de los litigantes se realiza retroactivamente luego y en virtud del resultado del conflicto[7].

Así las cosas entendemos que, si bien el juicio abreviado no es la solución ideal, dado que podrían conseguirse mejores resultados mediante la aplicación de los estándares internacionales, resulta válido como solución transitoria. Razón por la cual, los esfuerzos deberían volcarse hacia el diseño de mecanismos que permitan resguardar al máximo la capacidad del imputado de decidir libremente, sin perder de vista que la posibilidad de aplicación de una medida de coerción siempre acota el ámbito de autodeterminación. Es muy necesario luchar por la construcción de un sistema penal plenamente respetuoso de los derechos fundamentales, pero no a costa de perjudicar a personas de carne y hueso, mucho menos si son las mismas que decimos defender.

Agustín Cavana, Sabrina Victorero y Esteban Bendersky.

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[1] En su exposición el Prof. Bruzzone apelaba al nivel del “deber ser” para eludir críticas que lo traían al nivel del “ser” (el cómo funcionan las cosas en la realidad). Sin embargo, hay cierta incongruencia en su lógica argumentativa. Si el juicio abreviado le “conviene” al imputado que busca evitar la humillación de que se ventilen en un juicio público los hechos de la imputación, si los defensores le “golpeaban la puerta” para pedirle un acuerdo en sus épocas de fiscal, Bruzzone se está situando en el mundano nivel del “ser”. También habló de una aplicación “delictiva” del instituto por parte de jueces y fiscales, que frecuentemente señalan la posible diferencia entre el monto de la pena ofrecida en el acuerdo y la que sería aplicada como resultado de la realización de la audiencia de debate. Propuso entonces una actitud pasiva por parte de los fiscales para ceder la iniciativa a la defensa, intentando así evitar la presión sobre el imputado para llegar a un acuerdo. Discrepamos con dicha interpretación dado que ese tipo de advertencias, lejos de ser delictivas, son una sencilla explicitación de la lógica estructurante del juicio abreviado: la amenaza de una pena mayor o, dicho raudamente, el miedo.
Hacemos esta observación porque si entendemos el derecho como una instancia de discusión racional, los defectos lógicos de los argumentos pueden estar mostrando, quizás, el lugar obliterado de las decisiones políticas.
[2] M.F. HEGGLIN, comentario caso “Nuñez, Ricardo Alberto s/ Recurso de Queja y Casación y Extraordinario”, CSJN-Fallos, 327:5095
[3] M.F. HEGGLIN, Op. cit.
[4] E. R. ZAFFARONI, Derecho Penal. Parte General, p. 652.
[5] M. ABREGÚ, La aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos por los tribunales locales: una introducción.
[6] En este sentido nos pareció ilustrativo el ejemplo brindado por el Prof. Bruzzone en su exposición, quién sostuvo que el juicio abreviado no debe ser excluido del “menú” de posibles estrategias que el defensor técnico presenta al imputado
[7] V. E. ABRAMOVICH, El complejo de Rock Hudson, publicado en Revista “No Hay Derecho”, s. ed., Buenos Aires, Nº 4, 1991.

Lo declaro inimputable!!!

2009-06-04T05:06:00.000-07:00

Todos los días nos enfrentamos ante varias disyuntivas… desde si ir en colectivo o en subte al trabajo, tomar café o mate, ir al cine o alquilar una película y obviamente en ciertos momentos de nuestras vidas nos topamos ante la necesidad de tomar decisiones que nos afectan un poquitito más que si el café tenía o no azúcar (ojo, un diabético no diría lo mismo que nosotras!!)… tales como que carrera estudiar, que cuadro de fútbol alentar, en dónde guardar nuestros patacones o cuestiones más personales como decidir compartir nuestras vidas con determinadas personas. Ahora bien, nadie puede negar que llegado al momento de optar siempre uno escucha diversas opiniones y comentarios que ayudan a la toma de la decisión pero nunca nadie se acerca descalificándonos y poniéndonos en la posición de mentalmente incapaces de decidir, por el contrario, creo que todos nos sentimos capaces de discernir y optar al momento de tener alternativas.
Nuestra duda entonces es, si nos pasa eso todos los días y lo admitimos como lo más normal del mundo, quienes somos para decidir la capacidad de los otros por tratarse de un problema legal.
Como dijo Bruzzone, el abreviado no busca omitir una garantía constitucional –el juicio previo- sino que nada más (ni nada menos!!!! à aclararía Bovino) omite la etapa de debate. Y para que se lo entienda de un modo feliz se deben tomar ciertos recaudos para no llegar a contrariar nuestros derechos irrenunciables…
En primer lugar, es de suma importancia que este juicio abreviado no sea coercitivo, que no se trasforme o intente no transformarse en una amenaza, al estilo actual… tipo..."Mira que si no arreglas, el Tribunal te va a matar ehhhhh!!! (Frotándose las manitos y haciendo una risa tenebrosa)". Si hay policías honestos no podemos negar que existen Fiscales que también lo son… entonces mantengamos a esos fiscales y apliquemos este instituto. Recordemos que no a todas las personas les encanta atravesar el debate oral (obvio que hay amantes de ver pasar horas, escritos, recursos y con ellos los honorarios… pero seamos honestos, la víctima quiere el juicio, el imputado culpable quiere saber su pena y terminar su castigo)… un imputado no tiene por qué querer ir a las audiencias, escuchar testigos, peritos, los dichos del fiscal y las miradas de las partes… ya fue a la indagatoria, hizo el informe socioambiental, cumplió con las medidas preventivas ordenadas y no tiene por qué querer llegar al juicio final sin haber muerto (para qué llevarlo ante “el Barba”? para que le diga sus “pecados” una y otra vez? Creemos que tiene sentido desde que él ya los reconoce).
De allí pasamos al segundo punto… el imputado puede decidir! Tiene derecho a saber qué y cuántas posibilidades tiene -las cuales obviamente vienen dadas por su defensa técnica- en palabras de Bruzzone “explicarle todo el menú que tiene para elegir” (sisi como cuando salís mañana a la noche y le pedís los tacos mexicanos con la salsa suave porque te explico la moza que la salsa picante no te iba a dejar dormir). Y de allí que quien toma la decisión es el sujeto activo, el imputado, el encausado, ese muchacho a quien los derechos y garantías buscan proteger. Y aquí volvemos al principio… la falta de confianza, de creencia en las capacidades del otro. Debemos hacer alusión a otro tema como es el juicio por jurados, se dice entre otros de los fundamentos por los cuales aun no se ha reglamentado que no se puede confiar en los ciudadanos legos (sisi esos de plástico que sirven para armar.. pero no para mucho más que eso, asi que tan solo pensá lo que pasaría si lo usamos para fundamentar una condena!!!). Al final de cuentas no confiamos en nadie, más que en “nosotros”, que vamos a ir al juicio a velar por los intereses de quien quiere saber su pena.

Entonces nuestra pregunta para los que están en contra del instituto del juicio abreviado es…¿de llegar a explicarle todas las aristas posibles de la elección del abreviado, no se debería confiar un poco mas en el imputado? ¿Quiénes somos para decidir la inimputabilidad de quienes fueron debidamente asesorados?
En definitiva es el muchacho culpable y nadie más que él, quien va a sufrir las consecuencias penales que deriven de su posible condena…

(Aclaración: como hizo cierta persona que intervino en el debate de la clase, nos lavamos las manos y no hablamos de los detenidos)

María Sol Piñeiro, Ana Clara Piechestein y Nuria Saba Sardañons.

Con algunas cosas claras

2009-06-04T02:46:00.001-07:00

No parece razonable justificar el uso masivo de un instituto por su excepción: “los imputados que me vienen a ver no se distinguen de los abogados”.

Nadie que conozca las cárceles podrá decir eso de los detenidos en ellas.

Un imputado del fuero penal económico en libertad, con abogado pago y seguramente bien pago gracias a las actividades que lo llevan a tener la causa no es representativo del sistema penal.
Que el imputado “prefiera no perder tiempo en el juicio”, esto es que este más preocupado por el tiempo a perder, que por el antecedente que le pueda quedar; no sirve como argumento válido para justificar un instituto tan extendido entre población detenida con defensores oficiales agobiados por el número de causas que llevan.

Parece obvio que un detenido en preventiva está más que presionado cuando hace un acuerdo para obtener su libertad, no es libre, su voluntad está viciada; que participe del acuerdo un fiscal lo coacciona más.

En relación al derecho de defensa: así como las garantías del imputado implican el abuso del ejercicio del poder estatal; la posibilidad de defenderse, supone la actividad ofensiva del acusador al que el imputado se enfrenta

La dificultad de igualar armas entre la persecución que lleva a cabo el Estado y la defensa de un particular sólo se equilibra por el grado altísimo de convicción a obtener acerca de la imputación objetiva (in dubio pro reo). El juicio abreviado rompe este delicado equilibrio.

Es en este contexto que no se entiende el acuerdo con el propio acusador, y la posición de simple escribano del juez que pasa de ser un tercero neutral a quien simplemente avala el acuerdo del fiscal natural. Pasamos del pinche natural que toma la indagatoria al fiscal natural que decide la pena y al juez natural que hace de escribano.

La Corte ha dicho muchas cosas opinables, baste recordar la acordada del año 30. Decir que con acusación, defensa, prueba y sentencia se cumple con la exigencia del juicio previo que exige la constitución es más que discutible; la interpretación del texto constitucional debe ser dinámica, los pactos de derechos humanos agregaron la exigencia de un doble conforme. En ese contexto no se puede sostener que el juicio abreviado cumpla con el requisito de juicio previo.

Que nuestra constitución tenga como fuente la de los Estados Unidos a) sólo quiere decir que la tuvo en su texto original, respecto a “los padres fundadores” pero no respecto a rectificaciones posteriores (enmiendas) que aceptan al juicio por jurados como una opción b) no implica que debamos entender que lo que ocurre en Estados Unidos es un modelo a seguir, baste con recordar lo que ocurre en Abu Ghraib, al oeste de Bagdad.

Una de las razones históricas que explican las facultades de las partes en el enjuiciamiento penal estadounidense ha sido, que el fiscal estadounidense heredó el procedimiento de partes en el que la acusación dependía de los particulares, ese no ha sido nuestro caso.

Bruzzone mezcla el juicio por jurados con el abreviado. La hipótesis parece ser: no todos pueden ser juzgados por jurados- no es así en EE.UU- el resto lo solucionamos con el abreviado.

Por ahora no tenemos juicio por jurados pero mientras tanto vamos descomprimiendo a costa de las garantías de los detenidos con preventiva; si todos los casos no se pueden resolver con jurados que se resuelvan con tribunal técnico pero no por abreviado.

Se quebranta la igualdad ante la ley, ya que ante el mismo grado de culpabilidad hay diferente pena por elementos absolutamente ajenos al contenido del injusto

También vulnera el principio de publicidad de los actos procesales; es premisa esencial del estado de derecho que la actividad represiva policial y judicial no puede ser secreta ni reservada.

El principio de superioridad ética del Estado nos dice que aunque no siempre sea ético siempre importa una aspiración de eticidad.
Nuria Pedregal

JUICIO ABREVIADO

2009-06-03T21:00:00.000-07:00

Una vez más volvemos hacía atrás en la historia, poniéndose de manifiesto en el procedimiento penal actual prácticas inquisitivas que contradicen las notas características de un sistema respetuoso de las garantías. Es por ello, que actualmente muchos imputados se encuentran en posición similar de quienes eran juzgados en la época de la inquisición, por ejemplo como lo ilustra la imagen el caso de Juana de Arco: “Cuando Juana de Arco cedió ante la promesa de indulgencia que la corte le ofreciera, ella demostró que hasta los santos son a veces incapaces de resistir a las presiones en la negociación del reconocimiento de la culpabilidad. Juana, no obstante, fue capaz de retractarse de su confesión y de ir a su martirio.”
Pese a que pasaron muchos siglos, ¿Puede sostenerse hoy qué el imputado puede “negociar” manifestando su “voluntad libremente”? Se trata de obtener el reconocimiento de la culpabilidad coactivamente. En numerosos casos primero se “castiga” con la prisión preventiva y luego se lo obliga a pactar para recuperar la libertad, en otras palabras el imputado se ve acorralado por el riesgo que implica esperar a que se resuelva si se mantiene o no su presunción de inocencia o aceptar las reglas coercitivas para poner fin al conflicto de una manera “rápida y económica”, contribuyendo así a la celeridad de la administración de justicia.
Asimismo, si bien existen casos como afirmaba Bruzzone en la clase, de ciertos imputados a los cuales se los acusa la comisión de “delitos de cuello blanco”, quienes prefieren someterse al juicio abreviado para evitar la exposición pública de la audiencia de debate y poder retomar lo antes posible sus negocios habituales, podría decirse que estos casos constituyen la cifra minoritaria. Es sabido que la gran cantidad de casos que ingresan al sistema penal esta constituido por la comisión de delitos comunes, detectados fácilmente por las agencias del sistema debido a la “selectividad” del derecho penal, en palabras de Zaffaroni.
Cabe destacar, siguiendo a Langer, que muchos de los defensores de este procedimiento lo han considerado como una realización del acusatorio, pero esto sólo puede sostenerse en términos conceptuales. Como consecuencia consideran innecesario el contradictorio toda vez que se puede arribar al consenso del hecho y la pena entre las partes. ¿No estamos en presencia de un pacto perverso? Para Ferrajoli, estos acuerdos pueden desembocar en una perversión burocrática y policial, tornándose el juicio –audiencia de debate- en un lujo reservado a quienes estén dispuestos a afrontar costos y beneficios, circunstancia que se pone en evidencia si se acude las estadísticas.
Por su parte, lo que para algunos puede constituir un mecanismo transaccional que puede ser utilizado por el imputado por cuestiones estratégicas para la defensa de la imputación estatal, a la luz de los hechos puede observarse que sirve de gran utilidad para descongestionar el trabajo del ministerio público y poder judicial. No debemos olvidar que el principio de oportunidad debe ser la excepción, y la eficacia del Estado no debe ir en detrimento de las libertades individuales. Finalmente la búsqueda de la verdad debe ir en aquella dirección en que la hipótesis acusatoria sea expuesta a la refutación de la Defensa, lo cual por excelencia, tiene lugar en un juicio oral, público y contradictorio.

Romina Yasmin Rodríguez

JUICIO...QUE?

2009-06-03T20:13:00.000-07:00

DAMAS Y CABALLEROS, EN LA CLASE ESCUCHAMOS DOS LINEAS DE PENSAMIENTOS CON MUY BUENAS ARGUMENTACIONES CADA UNA DE ELLAS. SI BIEN DENTRO DE ESTE GRUPO DE TRES PERSONAS… NO HUBO UNANIMIDAD (DUDOSO VOTO EN DISIDENCIA) LA VERDAD ES QUE LUEGO DE CIERTO DIALOGO. LA TOTALIDAD DE LOS MIEMBROS LLEGAMOS A UN ACUERDO, A UNA IDEA CENTRAL, A ALGO REVELADOR.
Y ES QUE EXISTE ALGUIEN QUE, EN VEZ DE PODER DECIR MUCHO EN EL JUICIO ABREVIADO, PASA A TENER QUE DECIR UNA SOLA COSA... EL IMPUTADO EN VEZ DE DEFENDERSE, VA A TENER QUE DECIR QUE ES CULPABLE, NADA MAS QUE ESO... PARA QUE SE LE APLIQUE UNA PENA (DICHO SEA DE PASO, SI EN ESO TERMINA TODO JUICIO ABREVIADO ¿NO SE PARECE A UN JUICIO DE LA INQUISICIÓN?). Y MENCIONAR ESTO NO ES CASUAL, PORQUE SI ES VERDAD... EN EL JUICIO ABREVIADO SE RENUNCIAN (INCONSTITUCIONALMENTE) A MUCHAS GARANTÍAS EN FAVOR DE LA CELERIDAD Y, TAL VEZ, EL ESTADO DE DERECHO ES UN PRECIO MUY CARO PARA PAGAR, PERO LA REALIDAD DICTA OTRA COSA.. LA PERSONA QUE ES PERSEGUIDA PENALMENTE NO PIENSA EN QUE ES INOCENTE Y QUE DEBE SER DECLARADO CULPABLE EN UN UN JUICIO PREVIO, PIENSA EN COMERSE MENOS AÑOS ADENTRO UN AGUJERO INFERNAL (AL QUE MUY ALEGREMENTE LE DECIMOS CÁRCEL). BOVINO LO DIJO MUY CLARO, EL PROBLEMA ES QUE, COMO DEFENSOR, SE LE DEBE INFORMAR AL CLIENTE (IMPUTADO, DEFENDIDO, ETC.) QUE EXISTE EL JUICIO ABREVIADO Y LAS PERSONAS NO TIENEN LA MISMA INDIGNACIÓN QUE PODEMOS TENER NOSOTROS CUANDO SE HABLA DE JUICIO ABREVIADO, LA PERSONA SIMPLEMENTE HACE EL CALCULO COSTO BENEFICIO (3 AÑOS EN EL AGUJERO INFERNAL SON MEJOR QUE 10 AÑOS EN EL AGUJERO INFERNAL), EN ESTE ESTADO DE COSAS CUALQUIER POBRE DIABLO GOLPEA LAS PUERTAS DE LA FISCALÍA POR UN ARREGLO. EL ESTADO DE DERECHO, OTRA VEZ, ES EMPUJADO EN UNA BATALLA (SIEMPRE SOSPECHOSA) EN CONTRA DE LA EFICACIA, LAS GARANTÍAS SE VULNERAN Y LAS FICALIAS AUMENTAN LAS ESTADÍSTICAS (PORQUE ESE EL VERDADERO FUNDAMENTO DEL JUICIO ABREVIADO: EL SR. AGENTE FISCAL "TENGOQUELLENARESTADISTICAS" DICE: MAS CONDENAS, MENOS TRABAJO, MEJORES NUMEROS). Y ESTO NO PARA, PORQUE NADIE VA A ESTAR SATISFECHO, LA PRÓXIMA MATERIA DE LA ORIENTACIÓN PENAL LA VAN A DAR LOS ADMINISTRADORES DE EMPRESA, "INTRODUCCIÓN A LA NEGOCIACIÓN PUNITIVA" O "EL COSTO BENEFICIO DE LA PENA".
ATENTO A TODO LO EXPRESADO, ESTE TRIBUNAL (SOÑAR NO CUESTA NADA), SE PONE FIRME Y DICE QUE NO HAY DEBATE... SIN DEBATE NO HAY VERDAD.. SIN VERDAD NO HAY JUSTICIA... SIN JUSTICIA, HAY IMPUNIDAD, ¿Y LA SOCIEDAD AL FINAL NO RECLAMA QUE "NO HALLA IMPUNIDAD"? ENTONCES, ¿COMO ES ESTO? SE ADMITE UNA SOLUCIÓN FUNDADA EN UN "SINJUICIO" INQUISITIVO, SANGRIENTO, QUE TORTURA AL IMPUTADO, EN SU YA QUEMADA MENTE, PARA OBTENER SU CONFESIÓN DE CULPABILIDAD. YA NO IMPORTA LA VERDAD DEL HECHO, YA NO IMPORTA LA JUSTICIA, LAS GARANTÍAS O EL ESTADO DE DERECHO, IMPORTAN LAS CÁRCELES LLENAS Y UN MONTÓN DE DELINCUENTES ¿CULPABLES? SI MATHIESSEN PUSO EN "JUICIO A LA PRISIÓN", NOSOTROS PONEMOS "JUICIO AL JUICIO ABREVIADO".

Autores:

Damián Araya

Joaquín Freije

Facundo Maccarone

Juicio Abreviado

2009-06-03T19:51:00.000-07:00

Juicio Abreviado

La discusión planteada abrió un montón de interrogantes, que quizás aún algunos de ellos siguen sin respuestas.
Tal como se expuso en la discusión del dia jueves, el juicio abreviado afecta el juicio previo. No creo que se pueda pensar en el respeto de las garantías constitucionales del que goza todo imputado sometido a un proceso si se permite negociar la inocencia a través de la facultad coercitiva que recae en el ministerio público; Más allá que todo el derecho penal sea coercitivo, lo cierto es que nada se puede justificar la aplicación de este instituto cuando se afectan garantías constitucionales no renunciables, y con ello se afectan también los intereses sociales por falta de publicidad de dichos procesos.
Quizás sea un forma de descomprimir el trabajo en tribunales o de lograr que haya menos personas privadas de su libertad sin condena, pero en nada resguarda la inocencia de la que goza todo imputado, o su posibilidad de controlar prueba; o de ejercer correctamente su defensa.
No creo que la inconstitucionalidad radique en el monto previsto para poder acceder a este instituto o la determinación de la pena que deja de pertenecer al juez para pasar a manos del fiscal, sino que ella radica en la violación de garantías mucho más profundas que tendrían que ser objeto de un trabajo más amplio.
La pregunta no es cuanto se puede negociar o desde cuando, sino que se debería afirmar siempre y en todo momento: la inocencia no se negocia, el derecho a la defensa y al juicio previo tampoco se negocia ni se renuncian. Siempre se deben respetar en todo momento y ante cualquier situación.
De todas las preguntas que pudieron haber quedado sin responder, la afirmación enunciada arriba no puede ser objeto de modificación ni de discusión.

FLORENCIA PANIGO

EL JUICIO ABREVIADO: ¿ES UN "JUICIO" "ABREVIADO"?

2009-06-03T19:11:00.000-07:00

Al decir nuestra Constitución que “ningún habitante de la Nación podrá ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso”, me pregunto: ¿el Juicio Abreviado va de la mano o no con esta norma?.
Si el Juicio que tiene que existir previo a toda sanción consiste en un debate oral, público, continuo y contradictorio en donde estén presentes las dos partes (acusado y acusador), es claro que el Juicio Abreviado no cumple con estas características. Esto es porque, en primer lugar, no es un JUICIO!! sino una supuesta negociación y, en segundo término, no presenta ninguna de las características que tiene una audiencia de debate, es decir, no es oral, ni pública, ni continua, ni contradictoria.

¿Qué es entonces el Juicio Abreviado???. Es una supuesta negociación, pero no la que todos conocemos en la cual intervienen dos personas en igualdad de condiciones que van a firmar un contrato, sino que, por el contrario, en esta negociación las partes no están en igualdad de condiciones, ya que el rol que cumple el imputado (asistido por su defensa) es aceptar o no la calificación legal y la estimación de pena hecha por el fiscal (si hay en esto algo de libertad, yo no lo veo). Es en este sentido donde el instituto del Juicio Abreviado hace ruido y choca con nuestra Constitución, porque se simula un trato entre iguales entre imputado y fiscal como si esto se tratara de un proceso de partes!!!!

Por otra parte, si bien es cierto que el imputado tiene derecho a un juicio oral, público, continuo y contradictorio, también tiene derecho a un pronunciamiento rápido (que en la mayoría de los casos no se da) que defina su situación y que culmine con un veredicto determinando su culpabilidad o no en el marco del hecho por el que viene imputado. Ésta es la razón por la cual en muchos casos los imputados se ven obligados (coaccionados en cierta medida) a firmar el famoso Juicio Abreviado para obtener un pronunciamiento rápido, puesto que, a veces, funciona como una herramienta para la obtención de su libertad.

Por último, y respondiendo a la pregunta que encabeza este post, concluyo diciendo que el Juicio Abreviado no es un Juicio Abreviado y esto es porque, en primera medida, no es un juicio y, en segundo término, porque el vocablo “abreviado” resulta ser engañoso- tramposo para el imputado, puesto que es una ilusión pensar que con este instituto se resguardan garantías tales como economía procesa, celeridad del proceso, entre otras.

Diana Zakrzewski.-

el jco. abrev. es const. xa' mi

2009-06-03T18:57:00.000-07:00

En primer lugar, quisiera dejar asentado que la clase me pareció sinceramente excelente y que fue un privilegio que agradezco el haber podido presenciarla. En cuanto a mi opinión personal del tema en cuestión, me inclino más hacia una postura tolerante de la constitucionalidad del juicio abreviado dado que creo que el encausar el proceso en los términos del art. 431 bis del C.P.P.N. no implica una forma de coartar la garantía de juicio previo en tanto, tal lo esgrimido por el Dr. Bruzzone, distingo la llamada “garantía de juicio previo” del art. 18 de la CN. de la audiencia de debate oral, público y contradictorio que determinará en definitiva la responsabilidad penal de un sujeto por un hecho determinado. Concibo que la garantía constitucionalmente protegida hace referencia a un concepto amplio de “juicio”, un concepto inclusivo e integrador de las diferentes etapas o institutos por él comprendidos y que debe cumplir determinados estándares, legalmente establecidos, en lo que hace a pretender la defensa del imputado y a permitir el libre ejercicio de sus derechos. Entiendo, a su vez, que es este concepto amplio y general de “juicio previo” el que es irrenunciable en su totalidad –de acuerdo a lo normado en el art. 18 de la C.N. y pactos internacionales-, como una Unidad jurídica integrada, siendo ello así en tanto se encuentran en disputa cuestiones atinentes a la dignidad de la persona como sujeto de derechos que el Estado debe tutelar. Sin ser óbice de esto, también concibo que esa garantía de “juicio previo” es, como se dijo, comprensiva de diferentes institutos muchos de los cuales sí pueden ser renunciables en su singularidad, siempre en beneficio, interés y a requerimiento del imputado y en tanto los mismos sean disponibles, puesto que ello se traduce, en definitiva, en permitir de este modo un ejercicio regular de sus derechos evitando conductas estatales que por querer pretender un mayor respeto de los mismos, terminan incurriendo en formas netamente paternalistas al imponerle a la persona modos de sobrellevar una instancia de juicio conforme a un entendimiento de lo que él, Estado, cree que es mejor comportándose, de este modo, irrespetuoso de derechos personalísimos de los sujetos involucrados. Así, remitiéndome a la opinión formulada por Gustavo Bruzzone en "Juicio abreviado y juicio por jurados. Acerca de la renuncia a la "audiencia de debate" con especial referencia al juicio por jurados”, puede verse con claridad que numerosos derechos estipulados en favor del imputado pueden por él ser renunciados o dejados de lado si así lo estimara el mismo conveniente en aras de proveer su defensa del mejor modo posible. Por ejemplo: renuncia al derecho de no verse obligado a declarar contra sí mismo, a ofrecer prueba o, aún más, de recurrir sentencias condenatorias. Las razones por las que se podría tomar semejante determinación radicarán en su fuero íntimo, ajeno el Estado.

Más allá de lo dicho, quisiera aclarar ciertos puntos en particular respecto del instituto del juicio abreviado. Por comenzar, muchas veces se critica la viabilidad de su aplicación por diferentes “presiones” que podría sufrir el imputado para acordar una pena ofrecida por el Fiscal o, de igual modo, por otros diferentes vicios que podría tener la aplicación del juicio abreviado. Sin embargo, entiendo que esos cuestionamientos carecen de entidad suficiente puesto que se cimentan en un plano diferente de análisis, en el plano del “ser”, cuando el análisis sobre el instituto en sí debe hacerse como parte del “deber ser”, en forma no valorativa del modo en que los operadores harán uso de él. En definitiva, una aplicación deficiente por conductas delictuales de los operadores no puede ser achacado como defecto del juicio abreviado en sí.

En segundo lugar, se cuestiona que el juicio abreviado violaría el principio de control popular de los actos de gobierno en tanto cercenaría el requisito de publicidad que el mismo debe gozar. Este postulado podría ser rechazado dado que cualquier modo de administración de justicia penal que no admita la participación de jurados a tenor de lo normado por el art. 118 de la C.N. en poco lograría satisfacer en modo eficaz y suficiente el control judicial ciudadano al que todo juicio criminal debe estar sometido. Una audiencia de debate oral y pública tampoco cumplimenta del todo este requisito. De igual modo, si de acabar el mandato de publicidad de actos gobierno se trata, podrían arbitrarse las medidas necesarias para que la sentencia del tribunal de juicio, dada en virtud de un acuerdo de juicio abreviado, goce de una publicidad suficiente de modo tal que pueda ser accesible aunque, claro, reitero que de esto modo tampoco se daría cumplimiento al mandato constitucional de control ciudadano de actos de gobierno el que entiendo sólo puede llevarse a cabo con la instauración del juicio por jurados.

Para continuar, también se tacha de inconstitucional al juicio abreviado por no respetar el principio de jurisdiccionalidad de la pena. Más allá de todos los argumentos esgrimidos contra esta afirmación, entiendo no debe dejar de observarse lo prescrito en el inc. 5 del art. 431 del C.P.P.N. a la luz del principio acusatorio que debería impregnar todo el ordenamiento adjetivo. El Ministerio Público Fiscal representa los intereses generales de la sociedad –art. 120 C.N.- y, como tal, en el proceso penal se lo reconoce como titular de la acción la cual debe ser instada para dar inicio a un procedimiento y la medida en que la acción es instada constituye un límite para el órgano jurisdiccional interviniente. De este modo, siempre la pretensión punitiva incoada por el Fiscal constituye un tope para el Juez interviniente y, en casos en que la pena acordada a su entender resulte excesiva, siempre tiene la facultad de rechazar el acuerdo siempre evitando que con ello se caiga en conductas paternalistas.

Finalmente, quisiera resaltar tres situaciones que me suscitan dudas en cuanto a la inclusión y a los efectos de una sentencia de juicio abreviado. La primera de ellas se vincula al requisito estipulado para el imputado de que él debe dar su conformidad respecto de la existencia del hecho y de su participación. La forma aún inquisitiva preponderante en nuestro sistema penal tiene como rasgo distintivo la búsqueda de la verdad material. Ello es así por ser una característica histórica de este tipo de sistemas de enjuiciamiento y de hecho, a igual conclusión puede arribarse al observar ciertos artículos del C.P.P.N. que pregonan una inteligencia similar (vg. Finalidad de la Instrucción, art. 193 inc. 1.). Así las cosas, y sin pretender realizar un profundizado juicio de valor al respecto, resultaría asistemática que la simple conformidad –¿qué será eso?- del imputado satisfaga el que parece ser el gran fin del procedimiento penal: la averiguación de la verdad histórica a la cual se llega como resultado de una audiencia de debate que busca determinar esta verdad material como fruto de la investigación realizada en la etapa instructoria y, en mucho menor medida, de la contradictoriedad propia de dicha audiencia. Sin dudas se evidencia cierta contradicción entre un postulado y otro, pero mejor no dar ideas al respecto…

Los últimos dos puntos que me generan cierto resquemor a la hora de hablar de juicio abreviado serían: 1º) el relativo valor que puede darse a un precedente condenatorio por juicio abreviado a la hora de analizar el mismo como parte del instituto de la reincidencia. Al no ser una condena de fruto de una audiencia pública sino, simplemente, la homologación de un acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal y el sujeto acusado entiendo su importancia debería quedar relativizada. 2º) Sin lugar a dudas, quitaría la posibilidad de acordar penas por juicio abreviado en casos en que se investiguen delitos de corrupción, lesa humanidad o que atenten contra la organización nacional, las instituciones democráticas y la vida republicana dada la entidad que violaciones de este tipo podrían tener en caso de que se llegue a determinar la culpabilidad de los sujetos involucrados.

José Sylvié

Juicio abreviado

2009-06-03T18:05:00.000-07:00

Atendiendo al debate llevado a cabo el pasado 28 de mayo intentare desarrollar parte del mismo.

Bovino Plantea
· Afectación directa a la garantía de juicio previo amparado en el art 18 CN y a su vez al principio de defensa en juicio.
Ante la imposibilidad de formular una sentencia, sustentada en los medios de prueba reunidos se le plantean al imputado “el beneficio del juicio abreviado “en este ínterin la fiscalía ofrecerá una disminución en la pena si mediante una declaración voluntaria el imputado admite su responsabilidad por el hecho. (Hay una clara posibilidad de extorción del Fiscal al imputado). A partir de este momento la prueba principal será la confesión “voluntaria, si voluntaria” del imputado, para determinar la pena.
· Afecta el principio de publicidad en el proceso, ya que esta negoción entre el imputado y la fiscalía es a puertas cerrada afectando asi una de las características esenciales del sistema republicano

Bruzzone-Responderá a las criticas esgrimidas por bovino. Diciendo que su postura no determina la renuncia al juicio previo( J.P) sino que hay que establecer; ¿qué e s el J.P.?¿en qué momento estará garantizado?, menciona cuatro requisitos para que se configure (acusación, defensa, prueba, sentencia) según la C.S.J.N. atendiendo a este esquema determinara que el J.P. ya estará garantizado al final de la instrucción, pudiendo el imputado renunciar a la audiencia de debate y no a la garantía en si porque ya está dada .
Respecto a la posibilidad de extorción del fiscal al imputado, hace la salvedad que sea aplicado a personas que se encuentren en libertad.
En este punto es evidente que antes de seguir padeciendo esta suerte de pena anticipada que constituye la prisión preventiva en nuestro sistema y la indeterminación temporal de la misma, cualquier oferta de la fiscal será válida, para llegar a la libertad
Afectación a la publicidad: creo que es un punto controvertido de su postura ya que el dice, que favorecerá al imputado cuando no quiere verse expuesto frente a todos. ¿ la publicidad es una garantías de todos? darle la posibilidad al imputado de mantener en secreto una causa daría lugar al ocultamiento de graves delitos.
El juicio abreviado constituye ley penal más benigna… será?

Apogeo del debate

Bovino- las compulsivas declaraciones de culpabilidad por parte del imputado son reflejo fiel del poder coercitivo en manos del fiscal en la negociación.
La evitación de la publicidad en el proceso daría lugar a afectaciones más alla de los intereses de las partes.
No se renunciaría tan solo a la audiencia de debate se estaría renunciando a la defensa ante la amenaza de una pena mayor si no se negocia.
Y… ¿es un beneficio el Juicio abreviado? ¿Cómo se determina, si e s un beneficio?
Cuando en la realidad se dan situaciones en donde personas inocentes para escapar del burocrático sistema que tenemos aceptan la culpabilidad de un hecho que no cometieron
Y para las personas en libertad es beneficioso, cuando existe la posibilidad de salir absuelto.

Bruzzone -Carácter coercitivo: hace mención a la existencia de coercitividad dentro del derecho penal y al juicio abreviado como parte de este, como algo normal.
Planteo respecto de la aceptación en estados unidos del juicio abreviado, aceptación a nivel general, no da lugar a una potura que contradiga su legitimidad ….

Conclusión personal

El juicio abreviado como un recurso útil para la defensa deja mucho que desear respecto a la posibilidad de negociación entre el fiscal y el acusado, ya que no existiría tal, la desigualdad que se da entre ambos es tajante, en el supuesto de personas detenidas bajo prisión preventiva será de gran proporción la proliferación de declaraciones de culpabilidad voluntarias. Ya que el acusado ante dos males decidirá seguramente quedar en libertar (el menos peor).

Concidero que las posturas intentan ser opuestas, solo hay una diferencia desde el punto en que se mira la figura, a mi entender Bruzzone lo ve como un beneficio que da celeridad, eficiencia al proceso judicial respondiendo a la necesidad de impartir justicia en forma práctica y sencilla

Bovino por su lado asegura el respeto a las garantías constitucionales y su reconocimiento mas alla de criterios de oportunidad para administrar justicia.

La posibilidad del debate es lo que nos aporta y enriquece.
por ultimo hago mención a una última frase;

"LA ESCLAVITUD ERA ACEPTADA A NIVEL MUNDIAL. SIN EMBARGO NACE EL ABOLICIONISMO, QUE DIO PASO A LA RENUNCIA DE TAL ACEPTACION"

Por; Murua Leopoldo.

JUICIO ABREVIADO CONSTICIONAL

2009-06-03T17:35:00.000-07:00

Luego de la clase de la semana anterior, la realidad es que me parece de mi humilde opinión que la postura esbozada por el Dr. Bruzzone es la más acertada, y de la postura se desprende a mi parecer las siguientes conclusiones:
a. El juicio abreviado se presenta como una solución ante la creciente morosidad judicial
b. El juicio abreviado brinda al imputado la posibilidad de ver resuelta en un tiempo prudencial su situación jurídica.
c. El juicio abreviado se presenta compatible con las disposiciones constitucionales en la materia y con los tratados internacionales suscriptos por la Nación Argentina
d. El juicio abreviado busca la verdad real
e. El juicio abreviado se abre a instancia del imputado en el momento de la citación a juicio
f. El juicio abreviado tiene como eje el acuerdo entre las partes, donde deben ser oídos el querellante, el actor civil y el civilmente demandado.
g. El tribunal no esta obligado a sentenciar en un sentido determinado, sino que puede aceptar o rechazar el acuerdo de las partes.
h. El tribunal debe controlar la legalidad del acuerdo en forma amplia
Finalmente a raíz de lo que expresé entiendo que lo vital del instituto en análisis en simplificación del rito (juicio) que ve se reflejada en los tiempos procesales y con ello se obtiene el resultado del proceso en menor tiempo y, con la regulación que proponemos, sin sacrificar los intereses de ninguna de las partes.
Así lo expone también Cafferata Nores que desestima las criticas de modo directo y sencillo al explicar: "No se advierte que el juicio abreviado ponga en crisis el principio del debido proceso pues las exigencias de esta se respetan. Hay acusación, defensa (que se ejercita a través de un reconocimiento de participación en el delito libremente formulada y estimada conveniente a su interés por el imputado, debidamente asesorado por el defensor, Prueba (la recibida en la investigación preparatoria estimada idónea por el ministerio publico fiscal, imputado, defensor y tribunal) sentencia (que se fundara en las pruebas de la investigación preparatoria y en el corroborante reconocimiento de culpabilidad del acusado y recursos que procederán por las causales comunes."
Alejandra Langella

Por una justicia más rápida...

2009-06-03T16:47:00.000-07:00

Como ciudadanos, tenemos el deber de conocer la actuación del Estado en su administración de justica, solo puede lograrse a través de un debate público y oral, siendo para ello el medio más idoneo la transmición televisiva.

Una persona no puede estar condicionada a acordar una pena "segura" renunciando a la posibilidad de ser escuchado por sus pares y poder rebatir pruebas incriminantes.

El juicio abreviado NOS VULNERA

Alumnas: Innamorato Karina, Sciarrotta Carla y Gomez Yamila.

UN MUNDO IDEAL

2009-06-03T15:56:00.000-07:00

UN MUNDO IDEAL….
Había una vez una charla de debate entre Bruzone - Bovino, Bovino - Bruzone…
AB plantea respecto del juicio abreviado:-“¿Qué pasa con las causas armadas de la policía? se lleva al imputado a la situación de tener que declararse culpable de algo que no hizo; en una causa que esta muy bien armada.
A lo que Bruzone responde algo así como:- “Yo cuando pienso el juicio abreviado creo en un policía decente, quiero creer que nuestra policía es decente”
AB responde (a nuestro juicio acertadamente) - “Pero las causas armadas de la policías existen”…
Respecto de esta cuestión nos parece que es imposible pensar un instituto, abstraído de la realidad.
La realidad es que en nuestro país existe la bien denominada MALDITA POLICIA (ojo, no toda, solo el 99,9999%), esto es una verdad fáctica ineludible, y es impensable creer que un instituto puede funcionar abstrayéndonos de esta realidad.
Enfrentamientos que no existen, defensa propia que no convence, armas plantadas para endosar al infeliz que caiga. Por eso cuidáte si la andas por la calle tu sangre van a derramar.
A menos que…….. Imaginemos un MUNDO IDEAL, tal como canta Montaner en Aladin (si les hace mal, omitan la parte de Montaner cantando, puede ser perjudicial para la salud ). Hagamos fuerza, imaginemos, pensemos un país sin policía corrupta, tranza, narco, etc,…… un mundo ideal lalala
Entonces si, en este “mundo ideal”(sin canas corruptos, delincuentes) quizás podríamos plantear como posible el juicio abreviado.
Ya no hay un caso fraguado sino un montón.
Ya no hay un preso inocente sino un montón.
Y la pregunta es:¿ dónde queda el motor de la investigación? Y nuestras garantías y la Justicia? ¿Posibilidad probatoria? ¿Causas libradas al arbitrio?¿Dónde quedaron los principios?
Vivimos en un pais que prefiere apoyar las sentencias rápidas, baratas y formularias, porque es más importante la estadística que la justicia fundada en la verdad y en ley.
Pero se olvidan de un detalle; se beneficia el Estado y se perjudica al imputado.
El juicio oral se convirtió en la excepción y no en la regla.

Es un recurso que solo beneficia al Estado, y obliga al imputado a firmar un pacto con “el diablo”

Por el momento estamos bastante lejos de ese estado “ideal”. Quizás un día, cambie la policía, haya gente decente en la bonaerense y en la federal, y entonces si, adelante con el juicio abreviado!
A modo de ejemplo
Cristian Sosa Domínguez, también acusado por un robo agravado por el uso de armas. La policía salió en busca de los responsables de un asalto y arrestó a Sosa Domínguez y un amigo menor. Ellos aseguraban que cuando fueron detenidos iban en busca de un certificado del colegio. Sosa Domínguez estuvo cuatro años y medio en prisión. Cuando llevaba cuatro años en la cárcel, la justicia le ofreció un juicio abreviado para salir inmediatamente en libertad. Pero prefirió quedar detenido hasta el juicio para probar su inocencia. En la audiencia, el fiscal desistió de la acusación y Sosa Domínguez fue absuelto

Meliza Sanchez y Leticia Lopez

CRÓNICA

2009-06-03T15:51:00.000-07:00

CRONICA DE UNA CONDENA ANUNCIADA

ART. 431 BIS.- “Cuando el ministerio fiscal lo estimare conveniente, se comunicará con el defensor del imputado, a los efectos de ofrecerle un acuerdo de juicio abreviado. El fiscal ofrecerá la pena que considere pertinente, con la advertencia, bajo pena de nulidad, de que en caso de ir a juicio la pena a solicitar al tribunal de juicio será considerablemente mayor. El defensor analizará las constancias de la causa, y cuando concluyere que al imputado le convendrá el procedimiento abreviado, comunicará esta circunstancia a su defendido, para que este acepte la existencia del hecho y su participación en el. El representante del ministerio público advertirá al imputado sobre la inconveniencia de esperar a la audiencia de debate. Posteriormente, el defensor aconsejará a su asistido que preste su conformidad, a los efectos de que el tribunal, si aceptare el acuerdo, dicte la correspondiente sentencia, la cual una vez firme, le permitirá acceder a los beneficios previstos en la ley de ejecución penal. Arribado el acuerdo al tribunal interviniente, los jueces aceptarán el acuerdo, por motivos de economía procesal, y dictarán la sentencia, valorando para ello un mínimo de pruebas reunidas durante la investigación y especialmente la confesión del imputado.”

FISCAL- NN, te citamos para charlar con vos sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo. La causa viene complicada, estás imputado por un robo, las pruebas reunidas en la investigación te incriminan, y si vamos a juicio te condenan casi con seguridad.
NN- Es cierto Dr,. pero todavía no hay sentencia, asi que “casi con seguridad”…está por verse. Hasta el momento soy INOCENTE, ¿no?
DEFENSOR- Por supuesto… El tema es asi…El Fiscal propone una pena de 3 años, firmamos un acuerdo y se terminó el asunto. Los jueces no van a tener drama, no quieren otro juicio, están tapados de causas. ¿Sabés para cuándo te van a fijar fecha de debate?
FISCAL: Mirá NN, si vamos a juicio, es probable que lo gane, y que la pena sea mucho mayor. Si firmás ahora, el Tribunal incluso puede reducir la pena. Y lo bueno para vos, es que estarías en condiciones de pedir algún “beneficio”.
DEFENSOR: Vos ya sabés todos los derechos que la ley contempla: el derecho a la audiencia, a que escuchen a tus testigos, a discutir de par a par con el Fiscal (también sabés que eso no es lo que más te conviene). Pero él te propone que reconozcas que sos autor del hecho, por ende culpable, aceptes la calificación que él te diga y los 3 años que te ofrece. Es lo mejor para todos, y si el Tribunal lo considera necesario, te va a citar para escucharte.
NN- Está bien. Yo firmo lo que sea…lo único que quiero es salir con “la condicional”, mi familia me está esperando, aparte “me porté bien” adentro.

Se imaginan como terminó esta historia? EFECTIVAMENTE EL TRIBUNAL ACEPTO EL ACUERDO Y DICTO SENTENCIA.
AFORTUNADAMENTE PARA NUESTRO “NN”, el tribunal decidió CONDENAR A NN A DOS AÑOS DE PRISION DE EJECUCION CONDICIONAL, Y POR ENDE, ORDENAR LA EXCARCELACION EN EL MISMO PRONUNCIAMIENTO.

CONCLUSION:

Si realizáramos un análisis de constitucionalidad de esta crónica, arribaríamos sin mayores esfuerzos a la flagrante inconstitucionalidad del procedimiento del juicio abreviado.

Más allá de las diversas posturas puestas sobre la mesa en la clase del 28 de mayo y lo interesante del debate, concluimos que no sólo se encuentra involucrada en este caso la defensa en juicio. El actual sistema previsto por el art. 431 bis, deja en manos de la capacidad de negociación del fiscal, el futuro de una persona sometida a proceso.

A lo ya discutido podríamos agregar que el procedimiento veda la carga de la prueba en cabeza del acusador, pasando a ser plena prueba la confesión del imputado, que resulta suficiente para arribar a una condena, la cual se dictará sobre la base de una causa preparada durante la instrucción. Cabe preguntarse entonces si la renuncia al derecho a declarar contra uno mismo ¿implica la renuncia a la audiencia de debate? y, por ende, ¿implica renunciar al juicio que todo imputado espera para conocer de manera definitiva su situación procesal?

Paradójicamente en el relato mencionado, este procedimiento que prima facie “adolece” de constitucionalidad, benefició al imputado. Es decir, mediante la conformidad prestada y la asunción de responsabilidad en el hecho, pudo obtener los más preciado para él: su libertad.

En este caso deberíamos preguntarnos: ¿qué hubiera sucedido si no se hubiera firmado el acuerdo, y, en consecuencia, se hubiera esperado la audiencia de debate? En primer lugar, hubiera sufrido algunos meses mas privado preventivamente de su libertad, hasta la designación de la fecha de debate (vale recordar que la causa se encontraba en el trámite “intermedio”, donde las partes ofrecen la prueba que utilizarán en el juicio). En segundo lugar, si se hubiera realizado el juicio, existen probabilidades de que se le impusiera una pena de cumplimiento efectivo. Sin dudas, este procedimiento abreviado resultó mas benigno para el imputado.

Pero lo más importante que debemos cuestionarnos es: ¿debemos aceptar la validez de este procedimiento, aunque beneficie al imputado en un caso en concreto, aun cuando de este modo convalidemos las deficiencias, omisiones y violaciones descaradas de los principios constitucionales y convencionales por parte del estado? Con el termino “convalidar” nos referimos a la aceptación tácita de la violación, por ejemplo, del juzgamiento de los delitos en un plazo razonable, o aun peor, de la excepcionalidad y proporcionalidad de la prisión preventiva. En este caso, podemos observar que al imputado se le impuso la prisión preventiva en las primeras etapas de la investigación, y posteriormente el tribunal condenó a una pena de “ejecución condicional”. Sin dudas el Estado esta en deuda con nuestro protagonista.

En síntesis, creemos que no podemos aceptar la validez del procedimiento abreviado aunque en los casos en concreto beneficie a los imputados, so pena de convalidar las omisiones del estado en el cumplimiento de los principios y garantías constitucionales. Por el contrario, debemos exigir sin vacilaciones el “respeto de los derechos y libertades reconocidos” y “garantizar su libre y pleno ejercicio” (Art. 2, CIDH). Cuando eso suceda y se instale como práctica estatal, recién en ese momento podremos comenzar a preguntarnos por la “importación de mecanismos de negociación”.

Por último, si lo que queremos es “abreviar”, deberíamos, por ejemplo, proponer un cambio en la etapa instructoria: reducirla al mínimo (si no resulta posible eliminarla), lo cual conduciría a acortar los plazos, y acelerar sin dudas el proceso, acrecentando las posibilidades de defensa del imputado, y garantizando en todos los casos un “JUICIO PREVIO”.-

Jimena Pérez- Romanela Callegaro- María de la Paz Vergara

LOS 8 MANDAMIENTOS ( ¡¡ya que está abreviamos todo!!)

2009-06-03T15:32:00.000-07:00

1- Respetarás la Constitución Nacional por sobre todas las cosas.
Todo nuestro ordenamiento jurídico –incluyendo obviamente el instituto del juicio abreviado– debe estar en conformidad con nuestra Norma Fundamental y los pactos internacionales incorporados a ella con la reforma constitucional de 1994.

2- No tomarás al juicio previo en vano.
El artículo 18 de la Constitución Nacional refiere “Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo (…)”. Hay que tener en cuenta que mediante el “acuerdo” que se realiza con el juicio abreviado, no se está abreviando el juicio, sino que a mi entender se lo está omitiendo. Contrario a ello, el Dr. Bruzzone sostiene que la garantía de juicio previo prevista en el artículo mencionado no exige necesariamente la realización de audiencias orales y continuas para la imposición de una sanción, lo que exige es que se constate la existencia de acusación, defensa, prueba y sentencia.

3- Santificarás al juicio oral, público, contradictorio y continuo.
No debemos olvidar que nuestra Carta Magna en su texto establece que el sistema de enjuiciamiento penal de la Nación Argentina deberá ser acusatorio, haciendo mención a la aplicación del juicio por jurados. Asimismo, teniendo en cuenta que la implementación del juicio por jurados se está tomando su tiempo, deberíamos “santificar” la oralidad, publicidad, contradicción y continuidad del debate oral, dado a que es el “pedacito” de nuestro proceso penal que más respeta los mandatos constitucionales.
FERRAJOLI señala que “la negociación entre acusación y defensa es exactamente lo contrario al juicio contradictorio característico del método acusatorio y remite, más bien, a las prácticas persuasivas permitidas por el secreto en las relaciones desiguales propias de la inquisición”

4- No confundirás celeridad con eficiencia.
Si el Estado busca acelerar el proceso penal ¿Qué mejor que hacerle caso a la Constitución Nacional y aplicar el juicio por jurados, permitiendo de esa forma que se ejerza el control republicano que todo ciudadano tiene, generando más seguridad y confianza en nuestro sistema? ¿O acaso alguien cree que sería mejor suprimir la audiencia oral y pública, glorificando de este modo a la etapa de instrucción? Nuestro sistema de enjuiciamiento penal a veces se disfraza de inquisitivo reformado y otras veces se saca la careta y muestra su cara netamente inquisitiva.

5- No aplicarás penas arbitrariamente
La pena deberá corresponderse con el hecho endilgado y no con la conducta del acusado que opta por confesar o no.

6- No renunciarás a tu derecho de defensa.
La confesión del imputado no puede ser considerada como un método defensivo, dado a que carece de contenido contradictorio, impidiéndose de ese modo la realización de la actividad probatoria.

7- No sobornarás.
El imputado debe ser libre en toda declaración, por lo que no debe permitirse ningún acto de coacción, sea física o moral.
Está claro que generalmente en el juicio abreviado el imputado confiesa coaccionado, dado a que sino lo hace corre el riesgo de recibir una pena mayor, vulnerando de esa forma la prohibición de declarar contra sí mismo. El “acuerdo” que realizan podría asemejarse a un soborno, por el que mediante la promesa de un premio, buscan corromper al imputado con el fin de obtener su confesión.

8- No te aprovecharás de la indefensión del prójimo.
El Estado cuando coacciona al imputado lo hace abusándose de su poder, debido a que no se trata de un proceso entre partes que se encuentran en un plano de igualdad. El Estado realiza su propuesta, esperando a cambio que el acusado resigne de ese modo sus derechos constitucionales.

Por último, me parece muy claro respecto a este tema, un cuento del Dr. Gabriel Ignacio Anitua, en el cual se advierte notablemente cómo alguien que se encuentra en una mejor posición que otro, mediante engaños y/o coacción, todo lo puede: “Contaban los griegos que, en cierta oportunidad, Zeus se enamoró perdidamente de una giganta. Intentó seducirla de diversas formas para que ésta accediera a tener contacto con él. Pero la giganta era excesivamente virtuosa y bajo ninguna súplica accedía a sus ruegos. El dios lo intentó todo, desde el engaño (adoptando distintas formas de la naturaleza), hasta las más variadas promesas. Sin embargo la giganta se mantenía inconmovible. Fue entonces cuando el más importante de los dioses desnudó todo su poder. Amenazó a la giganta virtuosa con nublarle el raciocinio si no consentía sus intenciones (y recordemos que para los griegos la locura era incluso más grave que la muerte). Es así que la giganta llegó a un acuerdo con el dios. Algo terrible le hubiera sucedido de no hacerlo… La amenaza es un excelente medio de negociación cuando se ejerce una relación de poder ventajosa…”

Por Florencia Gerez

Juicio Abreviado

2009-06-03T15:13:00.000-07:00

Juicio abreviado. Debate.

2009-06-03T10:11:00.000-07:00

por Sofia Benavidez.

Frente a la situación actual del sistema de administración de justicia, es comprensible la búsqueda de medios para agilizar su funcionamiento, los cuales seran considerados mas o menos útiles. Esto, además, representa la tendencia a la resolución alternativa de conflictos en derecho penal, el continuo estudio de vías para beneficiar la situación de imputado en el proceso o que incluyan la voluntad de la víctima en él.
Esta posibilidad de participar o influir en mayor medida en el desenlace de un proceso penal, disminuyendo la vis coactiva del Estado sobre los individuos, resulta lógica y razonable en cuano nos hallemos frente a una real negociación, por ser una tendencia natural en un tipo de sociedad moderna y utilitaria como la nuestra.
Pero se debe tener en cuenta que si bien éstos son fines válidos, no todo intento es viable, por los sacrificios que se realizan en ordena su consecución.
El juicio abreviado presenta muchos puntos de utilidad y muchos otros en problematicos, que se han desarrollado en el debate de la clase del 28/05/2009 en el curso; pero hay un problema que no ha sido tratado y es uno de los puntos que mas llama mi atención, y me refiero al problema de la igualdad.
En el llamado juicio abreviado estamos frente a la posibilidad de aplicar penas diferentes a personas que han cometido el mismo hecho. Siendo las consecuencias disímiles y hasta inesperadas para los individuos; disolviendo la proporcionalidad que debe existir entre delito y pena, que debe estar previamente establecida en la ley.
Conculcándose principios de derecho penal que han sido objeto de lucha desde los albores de la Ilustración. Los principios de igualdad y el de proporcionalidad fueron concebidos en protección del ciudadano frente al Estado y es presupuesto para la previsión de las consecuencias de sus actos. De esta forma se quitaría la certeza en la medida de la pena, dando muchas veces como resultado penas irrazonables.
la pregunta es entonces ¿prevalece la igualdad ante la ley, o es ella renunciable?

¿Y el juicio previo?

2009-06-02T18:40:00.000-07:00

Un debate que va a quedar en mi memoria "in eternum", sí una clase pedagogica, didáctica y concreta, que fácil fue discernir lo ideal de lo real, las descripción del instituto del juicio abreviado en palabras de Bruzzone y la práctica tan evidentemente cruenta ilustrada por el profesor Alberto Bovino -dotadas del toque de humor que todos esperábamos de él-, en fin mi pregunta específica al doctor Bruzzone repecto de si el juicio previo del art. 18 de la CN eran acusación, defensa, prueba y sentencia, luego de su delicada exposición, no encontraba ninguno de los requisitos de su propio concepto en el instituto defendido por su posición, entonces digo Bovino tiene razón, renuncia el imputado al juicio previo, pero dije no Bruzzone va a disipar mi duda, pero no, fue un juego de palabras que no me convenció, simplemente podré llegar a "transar" alguna vez, pero no es justo el juicio abreviado y, como todos los ejendros en este país convienen pero la dignidad debemos dejarla de lado.

Del debate pude extraer las siguientes conclusiones:
1) El "procedimiento abreviado" del CPP Nación vulnera la garantía del juicio previo, exigencia que no puede eludirse ilegítimamente denominando "juicio" a algo que no lo es, es decir, a algo que no cumple con las exigencias mínimas del "juicio previo".
2) Con la instauración del mecanismo de marras se impide la posibilidad de control popular sobre los actos de los poderes públicos -derecho básico de los ciudadanos en un sistema republicano de gobierno-, pues no respeta las características de publicidad y oralidad que debe tener el juicio.
3) La conformidad que se exige del imputado sobre la existencia del hecho, su participación en él y la calificación legal recaída -lo que constituye una confesión- no es prestada libremente por él. En efecto, la amenaza de recibir una pena mayor en caso de someterse a juicio, o de seguir detenido por más tiempo en prisión preventiva si se realiza el juicio, actúa coercitivamente sobre él. Se lesiona así, entonces, el principio “nemo tenetur se ipsum accusare”.
4) Con la supresión del juicio previo se altera todo el sistema de garantías que deben funcionar en él.
5) Si la solución más viable que propone el C.P.P.N. al imputado detenido sin condena es la instauración del pernicioso juicio abreviado, corresponde concluir que el digesto procesal de mención ha fracasado también respecto de ésta parte, y sus bases sistemáticas, de raíces acusatorias, no son mas que rasgos cualitativos de un proceso netamente inquisitivo.

PD: Muchas Gracias por la clase

Débora Lastau

Empezamos por el final

2009-05-29T21:21:00.000-07:00

CENA POST-CLASE CON BRUZZONE

De izquierda a derecha: Esteban Chervin, Cristian Penna, el amigo Bruzzone, JP Chirinos (mi socio, no estuvo en la clase), su querido profesor y el Vasquito Iriarte (miren esa cara; por las dudas, es de la comisión de Paola Bigliani).

La semana que viene comenzaremos a subir el video de la clase por partes.

OTRO POST DE LECTURA OBLIGATORIA

2009-05-27T14:28:00.000-07:00

LEAN LA CONTINUACIÓN DEL POST ANTERIOR AQUÍ

POST DE LECTURA OBLIGATORIA

2009-05-25T20:46:00.000-07:00

DETENCIÓN ILEGAL DEL AMIGO ANÓNIMO

Leer esta entrada en No Hay Derecho.

Saludos,

AB

Juicio abreviado

2009-05-25T20:43:00.000-07:00

Ya está también en la casilla de mail un artículo de G. Bruzzone sobre juicio abreviado que deben leer para la próxima clase.

MATERIAL JUICIO ABREVIADO

2009-05-22T18:39:00.001-07:00

Ya subí a la casilla de ymail el trabajo que deben leer para la próxima clase sobre juicio abreviado. AB

PARA QUIEN PREGUNTÓ SOBRE "UN VOTO CÍNICO"

2009-05-18T19:33:00.000-07:00

ESTIMADO NN MASCULINO:

Mis disculpas por no recordar tu nombre. En esta página, al final de todo, está el enlace al trabajo por el que me preguntaste hoy al salir de la clase: Un voto cínico. Apropósito del voto de Riggi en el caso Chabán.

http://www.pensamientopenal.com.ar/ndp/

Saludos,

AB

PREMIOS A LOS MEJORES POSTS DEL CUATRIMESTRE

2009-05-18T02:40:00.000-07:00

A PONERSE LAS PILETAS

Luego de la clase del próximo jueves, con nuestro invitado especial el Prof. Gustavo Bruzzone, todos los estudiantes del curso deberán subir un post con alguna reflexión sobre la clase. El tema puede ser el contenido de las discusiones, la metodología del debate, los golpes bajos de cada uno de los intervinientes, etcétera. Entradas halagüeñas hacia este blogger tendrán menos valor. El uso de la ironía y la creatividad tendrá más valor.

Las entradas pueden tener como autores o autoras a un estudiante, dos o tres como máximo. El plazo final para subir el post es el 4 de junio y es improrrogable. El jurado, o sea, nosotros, elegiremos a una sola entrada ganadora. El/las autor/autoras de la entrada recibirán premios en libros de Editores del Puerto (uno para cada una) y podrán elegir qué libro desean de una oferta que incluirá, entre otros , los tomos I y II del tratado de Maier.

Todos los miembros del curso deben participar.

EL BLOG DEL CURSO

2009-05-16T12:52:00.000-07:00

Lean este post sobre el blog de este curso acá.